Los tres acusados de matar y robar a un vecino de Tudela de 32 años, Javier Martínez Llort, en abril de 2010 en la capital ribera, han utilizado su derecho a la última palabra para mostrarse de acuerdo con los argumentos utilizados por sus abogados defensores que reclaman su absolución. Además, uno de ellos, K.H., ha reiterado que "no ha matado a nadie" y que "no tiene ninguna relación" con este crimen.

El primero en tomar la palabra ha sido A.G., de 36 años, quien ha manifestado que no tiene "nada que decir" porque "ya lo ha dicho todo" su letrado. "Todo lo que tenía que decir ya lo ha dicho mi abogada", ha remarcado. Mismo argumento ha utilizado M.K., de 25 años, que se ha mostrado "de acuerdo" con todo lo que ha expuesto su abogado defensor y ha afirmado que "lo que ha dicho es la verdad".

Por su parte, K.H., de 21 años, al igual que en la primera sesión del juicio, ha negado su participación en el crimen. "Yo no he matado a nadie, no tengo ninguna relación con este crimen y espero que la sentencia sea justa", ha manifestado.

En la última sesión de la vista oral por el 'crimen de Tudela', que queda visto para sentencia, la fiscal ha cambiado sus peticiones y pide ahora 19 años de prisión por un delito de asesinato y dos años de cárcel por un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa para dos de los tres acusados de matar y robar a este vecino tudelano en abril de 2010 en la capital ribera.

Al otro acusado, M.K., el Ministerio Público le excluye de los delitos de asesinato y de robo con violencia y le pide una pena de 3 años de prisión por un delito de encubrimiento unida a que sea expulsado del territorio nacional. La fiscal alega que "no se puede acreditar la presencia" de este acusado cuando se produjo la agresión contra la víctima y que "ayudó a los responsables" a que no se descubriera el crimen.

La representante de la Fiscalía solicitaba para cada uno de los tres acusados, todos de origen argelino y en situación irregular en España, una pena de 14 años y seis meses de prisión por un delito de homicidio y otros cuatro años de cárcel por un delito de robo con violencia. Sin embargo, en las conclusiones definitivas ha reclamado una pena de 19 años de prisión por un delito de asesinato para A.G. y K.H., y les mantiene un delito por robo con violencia e intimidación pero en grado de tentativa, lo que reduce la pena a dos años de prisión.

Por su parte, el abogado de la acusación particular, ha aumentado a 19 años la pena de cárcel por un delito de asesinato para los tres acusados, antes pedía 16 años, y les mantiene cuatro años de prisión por un delito de robo. Se trata de la misma pena que solicita la acusación popular, ejercida por el Ayuntamiento de Tudela. Las acusaciones creen que M.K. también debe ser condenado por un delito de asesinato porque "también estaba en el lugar de los hechos", "dio cobertura a la acción de los otros dos acusados" y "vigiló para que terceras personas no intercedieran".

Las defensas piden la absolución

Por contra, las defensas reclaman la libre absolución de los tres imputados al considerar que "no existen pruebas contundentes" que les incriminen. Argumentan además que "no existe ni una prueba biológica" para imputarles por un delito de asesinato y por robo con violencia e intimidación y que las declaraciones de los testigos "dejan mucho que desear y no son tan claras".

En concreto, la abogada defensora de A.G., de 36 años, ha sostenido que durante el juicio "no se ha conseguido probar el delito de asesinato ni de robo" contra su representado y ha afirmado que los testimonios que dicen que le vieron por la calle el día de los hechos "prueban que no estaba durmiendo", como alegó el acusado, "no que ha agredido brutalmente a la víctima y que sea un ladrón".

Ha remarcado la letrada que tanto en las pruebas técnicas como científicas presentadas en el juicio "no hay ningún resto biológico ni muestra de ADN de su defendido ni en la ropa de la víctima ni en el listón de madera" que "determine que entró en contacto con el fallecido". Además, ha considerado que "no se ha acreditado que le sustrajeran algún objeto". "Las pruebas no son contundentes ni tozudas, por lo que no pueden ser condenados por un delito de robo", ha zanjado.

En este sentido, el abogado de K.H., de 21 años, ha cuestionado los testimonios de los testigos protegidos, que situaron a los acusados en el lugar de los hechos y escucharon una conversación sobre el suceso, y se ha preguntado si "pueden tener alguna razón para querer inculpar" a su representado.

"No sabemos quienes son y nadie va a venir a juzgar si ha sido objeto de un falso testimonio", ha agregado el letrado, para señalar que los restos de pintura hallados en la ropa de su cliente "no tienen por qué ser del banco de los hechos, puede ser de otro que esté pintado en el paseo con la misma pintura".

Finalmente, la defensa de M.K., de 25 años, para el que la fiscal ha rebajado la pena a un delito de encubrimiento, ha argumentado que "no hay ninguna prueba condenatoria" que pueda inculpar a su defendido. Ha restado credibilidad a los testimonios de los testigos protegidos y ha insistido en que "no hay pruebas suficientes" para condenar a su cliente.