La CIG-Ensino ha criticado que la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ponga "en manos de una empresa privada" la cobertura legal de los profesores gallegos y el trabajo de atención a los docentes ante las contingencias que puedan surgir en su actividad.

En concreto, el sindicato se refiere al servicio contratado con la empresa Legálitas anunciado este miércoles por el departamento autonómico en un comunicado, por el que los docentes tendrán a su disposición para hacer consultas a 200 abogados colegiados especialistas en diversas áreas con el fin de darles cobertura legal ante "cualquier contingencia que pueda surgir" en el ejercicio de su actividad profesional.

La CIG critica que se derive a una empresa privada el trabajo "que le corresponde a la Consellería" y considera que "atenderá al profesorado siguiendo los criterios de conveniencia mercantil que mayores réditos le produzca".

Sobre todo, advierte que con esta medida "no se atenderán" los casos de defensa de la responsabilidad civil o las consultas que supongan conflicto de intereses entre la Xunta y el profesorado", a pesar de ser "la mayoría" de los casos existentes, asegura la central sindical.

Los docentes tendrán cubiertas las tasas, derechos y costas judiciales derivadas de la tramitación de los procedimientos, así como los honorarios, minutas y cualquier otro gasto de los abogados defensores de conformidad con los términos de la póliza suscrita.

También estarán cubiertos los derechos y suplidos de procuradores y los gastos notariales y de otorgamiento de poderes para pleitos, así como las actas, requerimientos y otras actuaciones necesarias para defender los intereses del asegurado, como honorarios o gastos de peritos.

Según la información aportada pro la Consellería, los docentes podrán hacer consultas legales relacionadas con su puesto de trabajo a través del servicio de asistencia jurídica telefónica y disponen de un servicio 24 horas para consultas de urgencia. Además, podrán hacer la revisión de documentos legales o tener asistencia personal en el despacho de los abogados, ha apuntado la Consellería.