El abogado José Antonio Choclán aseguró este jueves que, al autorizar las escuchas a los cabecillas de la trama Gürtel en la prisión de Soto del Real y a sus abogados, el juez Baltasar Garzón dio "un cheque en blanco a la policía para investigar lo que quisiera", como si todos los letrados personados en la causa "fueran corruptos".

El abogado de Choclán, abogado del supuesto responsable de la trama de sobornos, Francisco Correa, denunció en la tercera y última sesión del juicio que el magistrado de la Audiencia Nacional se aprovechó de la relación abogado-cliente y violó su confidencialidad para obtener pruebas contra los acusados ilegalmente.

"Se podía escuchar a abogados con independencia de que estuvieran imputados o hubiera indicios de delito", añadió Choclán, que sostuvo que esa autorización "genérica" es una prueba de la prevaricación cometida por Garzón, al considerar que "todos los abogados, presentes y futuros, podían servir de enlace a una organización criminal, como si todos fueran corruptos".

Por todo ello, solicita 17 años de inhabilitación para Garzón.

Pablo Rodríguez Mourullo, abogado del "número dos" de la trama Gürtel, Pablo Crespo, coincidió con las tesis de su colega añadiendo que Garzón cometió un delito "desde el mismo momento en que se decidió grabar".

Ignacio Peláez, defensor de otro de los imputados, el empresario José Luis Ulibarri, y el afectado que presentó la querella por las escuchas de Garzón, solicita para este 10 años de inhabilitación por prevaricación y violación de las garantías constitucionales.

Peláez sostuvo que cuando visitó en la cárcel a los cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, el 25 de febrero y el 6 de marzo, fue expresamente llamado por los internos, extremo amparado por la Ley General Penitenciaria, y que así consta en la causa, por lo que no necesitaba "ningún permiso" del juez para hacerlo.

Baltasar Garzón ha justificado las escuchas en sus sospechas de que los abogados de los principales imputados en la trama de corrupción formaban "parte nuclear de las actividades criminales en Gürtel", especialmente en lo referido a la evasión de capitales.

En su defensa, también ha apuntado durante el juicio que ninguna de sus actuaciones posteriores tuvieron que ver con las conversaciones intervenidas y que no ordenó espiar a los abogados, sino a sus clientes. Uno de los testigos citados a declarar, el jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), aseguró que, al intervenir las conversaciones , intentaron salvaguardar el derecho de defensa de los imputados.

La Fiscalía, por su parte, ha defendido la versión de Garzón argumentando que la orden de grabar a imputados y sus abogados estaba justificada por los indicios de delito que pesaban sobre "los sujetos de las escuchas", los cabecillas de la red.

"Los indicios se exigen para el sujeto de las escuchas, no para el sujeto pasivo aunque fueran letrados", subrayó la fiscal Pilar Fernández Valcarce en su exposición final ante el Tribunal Supremo, en el que ha pedido la absolución del magistrado.

Por su parte, el fiscal Antolín Herrerodestacó que Garzón no podía tener interés en la estrategia de defensa, pues cuando adoptó esa medida ya era consciente de que iba a perder la competencia ante la existencia de aforados (los diputados Alberto López-Viejo o Ricardo Costa, entre otros) entre los imputados. Ello hizo que la causa se dividiese y pasase a las Tribunales Superiores de Madrid y Valencia.

Tras los informes finales por parte de las acusaciones y el Ministerio Público, el juiciose supendió hasta las 16:15 horas de la tarde, cuando está previsto que intervenga la defensa de Garzón y el juez de la Audiencia Nacional en su turno de última palabra. Después, el caso quedará visto para sentencia.