El Gobierno tendría que reformar el Código Penal para castigar a los malos gestores

  • Hacienda asegura que aún "no hay detalles" de la medida anunciada por Cristóbal Montoro, que se incluirá en una nueva Ley de Transparencia.
  • Lo que ha querido el ministro es lanzar "un mensaje de dureza".
  • "No se pueden pedir responsabilidades penales al margen de lo que establezca el Código", ha dicho el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso.
  • El Gobierno perseguirá penalmente a quienes incumplan presupuestos.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Juan Carlos Hidalgo / EFE
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno prepara una ley a través de la que se podrán exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos.

Este anuncio ha causado sorpresa en la clase política y numerosas reacciones de rechazo, aunque también bastante expectación ya que, por el momento, según ha confirmado el propio Ministerio, "no hay más detalles".

El marco jurídico no está claro. Por el momento, gastar más de lo debido, a secas, no es un delito contemplado en el Código Penal, pero falsear las cuentas públicas sí lo es, porque estaríamos hablando, entre otras cosas y por ejemplo, de un delito de "falsificación de documentos públicos", contemplado en el artículo 390 y castigado con penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial de dos a seis años.

También son delito la malversación de fondos públicos, el fraude, etc. Montoro ha hecho una analogía con la gestión de empresas privadas, que hacen frente a responsabilidades penales si falsean las cuentas de sus empresas, sobre todo si éstas cotizan. En concreto, según el artículo 290 del Código Penal, se enfrentan una pena de prisión de uno a tres años y una multa de seis a doce meses.

Pero sobre todo, lo que ha hecho Montoro es anunciar que se exigirá la máxima transparencia a los gestores públicos que no muestren sus cuentas claras.

Un "nuevo tipo" penal

María Moretó, de la Unión Progresista de Fiscales, ha explicado a 20minutos.es que, atendiendo a las palabras del ministro, habría que incluir en el Código Penal "un nuevo tipo" de delito. Eso mismo ha venido a decir el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Alfonso Alonso: "No se pueden pedir responsabilidades penales al margen de lo que establezca el Código".

Esta reforma implicaría la aprobación de una ley orgánica en el Congreso de los Diputados -"pueden porque tienen mayoría"- pero, en ningún caso, añade María Moretó, podría aplicarse este tipo penal con "carácter retroactivo" como ha pedido el presidente de Extremadura, José Antonio Monago.

A juicio de Moretó, Montoro debería "concretar más" la medida anunciada y, en cualquier caso, crear un nuevo tipo penal "no va a arreglar" la situación de crisis en la que se encuentran las administraciones.

Las reacciones de los grupos políticos no se han hecho esperar: el PNV opina que la ley "no da para tanto"; IU, que es "una locura"; el PSOE cree que con la legislación actual es suficiente y CiU que las comunidades tienen un "margen de actuación limitado". Incluso el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha dicho en la COPE que la medida de Montoro "ya existe en la ley. Ahora hay que exigirlo".

Hacienda: "No hay ni un borrador"

Tras varias horas de especulaciones, fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado a 20minutos.es que "no hay más detalles" que los dados por el ministro Montoro; "no hay ni siquiera un borrador" de la futura Ley de Transparencia donde se incluirá esta petición de responsabilidades, "incluso penales", a "todo tipo de gestores" que incumplan el presupuesto.

Esta ley, que será orgánica, irá "en consonancia" con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que en pocas semanas verá la luz, pero no tiene nada que ver, según estas fuentes, "con el Consejo de Política Fiscal". Desde el Ministerio apuntan a que aún hay que "articular y encajar" jurídicamente esta medida y que Montoro ha querido "lanzar un mensaje de dureza" para aclarar que dejar una  "administración arruinada" tiene las consencuencias que tiene.

Ha sido la manifestación de una "intención", lo que "no significa" que cuando alguien incurra en déficit "automáticamente" se le pidan responsabilidades penales. Hay que recordar que en 2011 se aprobó una reforma de la Constitución para establecer una regla de gasto que limitara ese déficit, así como la deuda de todas las administraciones públicas. Las fuentes no han concretado si con la Ley de Transparencia habrá o no una modificación del Código Penal.

Por otro lado, Montoro ha explicado que la comunidad autónoma o ayuntamiento que no cumpla con su presupuesto puede quedar, además, inhabilitado durante algún tiempo.

Se tratará, ha insistido, de trasladar las sanciones que están vigentes en Europa al sistema, lo que implica en una primera fase un castigo económico en función de la reincidencia y la gravedad y en una segunda la citada inhabilitación. Además, el Estado podría temporalmente hacerse cargo de la gestión del territorio intervenido.

"Facturas en el cajón"

Las palabras de Montoro pueden tener, a pesar de todo, explicación. El ministro ha dicho que "un gestor público no puede gastar más allá de los límites de su presupuesto porque falsea la contabilidad pública". Ha hablado de "facturas en el cajón", es decir, de gastos al margen de los previstos que no se apuntan en ninguna parte porque generarían una responsabilidad contable, pero que acumulan deuda.

Esto, según explicó en un artículo de 2009 el técnico de auditoría de corporaciones territoriales Jesús Picó Romero, podría referirse al llamado "remanente de tesorería", un dinero que forma parte de las cuentas del sector público administrativo y que se puede gastar sin generar endeudamiento ni déficit, siempre y cuando su saldo sea positivo. Es decir, como unos ahorros.

Ahora bien. Si el saldo es negativo, hay deuda. Y si además una administración tiene otros gastos imprevistos y no los apunta porque no estaban contemplados en el presupuesto, las cuentas anuales no son exactas. Esas son las "facturas en el cajón" de las que podría estar hablando Montoro.

"No apuntar en los libros de contabilidad lo que realmente debes, cuando lo debes, saltándote el presupuesto y los elementales principios contables, no termina siendo ni responsabilidad contable, ni infracción, ni nada de nada, a pesar de ser una forma idónea de causar perjuicio económico al sector público", explica Picó en su artículo Opacidad en las cuentas anuales del sector público.

En el programa del PP

El anuncio de Montoro no es del todo nuevo. El programa con el que el Partido Popular concurrió el 20-N incluía dos frases sobre el tema: una, relativa a aquellos que incumplieran "las reglas de estabilidad presupuestaria"; la otra, sobre los que incurrieran "en una administración desleal o negligente".

Para los primeros, el partido planteaba un refuerzo de las "responsabilidades y las sanciones", mientras que para los segundos, se hablaba solo de "reformar y exigir" responsabilidades. En ningún momento, eso sí, se mencionó el término "penal", que es el que ahora ha llevado a la confusión.

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