La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha calificado de "incoherente" que el Gobierno del PP culpe a las comunidades autónomas de los dos puntos de desviación del déficit, hasta el 8 por ciento, y para ponerle solución suba el tramo estatal del IRPF y no se revierta en las regiones.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en Madrid, la consejera ha dicho que "no tiene mucho sentido" que la "medida más poderosa" para contrarrestar esa desviación afecte al tramo estatal del impuesto y "no revierta en las comunidades autónomas".

Y es que Aguayo duda de que, como afirmó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el dinero recaudado vaya en un porcentaje admisible a las comunidades autónomas. "Ni en el texto de la ley, ni en el del decreto, ni tampoco en las preguntas que hicimos ayer en el grupo de trabajo (preparativo del CPFF) se desprende que ese dinero vaya a venir a las comunidades autónomas en un 50 por ciento", ha aseverado la consejera.

Del mismo modo, ha ahondado en que es "incoherente que si el problema está originado por las comunidades autónomas, como se dice, la recaudación no revierta en nosotras en al menos el 50 por ciento" y ha subrayado que si el Estado aplica una subida tan significativa como la que ha dicho en el tramo estatal, el porcentaje cambiará.

Por otro lado, la consejera andaluza pedirá en el encuentro de este martes que Montoro aclare cómo afectará a Andalucía el recorte de 8.900 millones de euros anunciado y ha dicho que, pese a que la Junta ha analizado el impacto del conjunto de medidas, sin conocer los presupuestos de cada ministerio no es posible conocer todo.

Déficit individualizado

Aguayo también volverá a presentar en la mesa del CPFF, como ya hiciera en ocasiones anteriores con el Gobierno socialista, que las comunidades autónomas tengan un objetivo de déficit individualizado antes las desigualdades que plantea el mantenimiento de un objetivo común.

Así, como ejemplo, ha dicho que Andalucía tiene un endeudamiento de 1.600 euros por habitante y puede hacer uso de un déficit de 238 euros por habitante; mientras que la Comunidad Valenciana alcanza los 4.000 euros por habitante de deuda y su capacidad de déficit per cápita es de 278. La diferencia es aún más acusada si se compara con Cataluña, región que tiene una deuda de más de 5.200 euros por habitante y se le permita un déficit cercano a los 400 euros por persona.

Con respecto a las sanciones adelantadas para las comunidades que no cumplan con el déficit, Aguayo ha dicho que esta "no es ninguna novedad" y que Andalucía está "dispuesta a trabajar en ello" porque —ha recalcado— es consciente de que es la forma de trabajar en el marco de la gobernanza europea.

Entre otras de las cuestiones que Andalucía planteará en el CPFF está la reclamación de la aplicación leal del modelo de financiación, un "punto crítico" para el cumplimiento del objetivo de déficit, ha dicho la consejera; y que se tenga en cuenta la agilidad que tiene que tener la administración para dar las autorizaciones que legalmente tienen permitidas.