La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, la Diputación de Sevilla y los ayuntamientos integrantes han acordado la disolución del Consorcio de Vivienda para los Vecinos del Área de Sevilla, tras ponerse de manifiesto desde las distintas partes la "no conveniencia" de prolongar el esfuerzo económico que supone la continuidad de esta entidad en un contexto de "ajuste" como el actual y que ya había cumplido sus funciones de asesoramiento.

El convenio para la constitución de este consorcio fue ratificado por la Junta de Andalucía, la Diputación y 27 ayuntamientos sevillanos el día 29 de enero de 2007 con el objetivo de analizar la situación de la vivienda la, que se dedicará a analizar la situación de la vivienda en la provincia y hacer propuestas al respecto.

En este sentido, fuentes de la Administración regional han informado a Europa Press de que los distintos integrantes del consorcio han abordado de forma "conjunta" su disolución en diversas reuniones, en las que se ha puesto de manifiesto "por parte de todos la no conveniencia de prolongar el esfuerzo económico que supone su continuidad en un contexto de ajuste como el actual". Además, indican que esta estructura había cumplido además su función de asesoramiento a los municipios dirigido a agilizar las políticas municipales en materia de urbanismo y vivienda, como la puesta en marcha de los registros de vivienda.

Así, cabe recordar que actualmente todos los municipios que integran el área metropolitana de Sevilla, un total de 46, tienen las bases de los registros municipales de demandantes de vivienda protegida presentadas a la Consejería, con su correspondiente informe favorable. Por tanto, el funcionamiento del registro ya compete directamente a cada ayuntamiento, con una población total afectada de 1,5 millones de habitantes.

El consorcio aprobó a finales de diciembre una resolución para la adopción de medidas de medidas transitorias para la continuidad de su gestión económica y administrativa, en la que se recoge el determinar los derechos y obligaciones pendientes de la entidad de cara a su posible disolución.

Según la resolución recogida por Europa Press, a partir del día 5 de enero de 2012 no queda en la sede del consorcio ningún personal que pueda atender las funciones y competencias de gestión ordinaria, por lo que se determina, hasta que los órganos del consorcio lo acuerden procedente, que dichos servicios serán prestados desde la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda con sus medios personales y técnicos, presentando ante ésta todos los documentos que inicialmente fueran dirigidos al consorcio.