Junta incluye los puestos específicos en los traslados para lograr el 90% de estabilidad en las plantillas

La Consejería de Educación ha publicado este lunes en el Boletín de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden por la que se convoca el concurso de traslados del personal funcionario docente de Secundaria y Formación Profesional y en ella, por primera vez, ha incluido los puestos específicos, que son aquellos que ocupan perfiles muy particulares como los de bilingüe o los de algunas materias de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

La Consejería de Educación ha publicado este lunes en el Boletín de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden por la que se convoca el concurso de traslados del personal funcionario docente de Secundaria y Formación Profesional y en ella, por primera vez, ha incluido los puestos específicos, que son aquellos que ocupan perfiles muy particulares como los de bilingüe o los de algunas materias de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Administración educativa, la inclusión de los puestos específicos responde a un único objetivo: el de dar "la mayor estabilidad posible" a las plantillas de profesorado de los centros educativos sostenidos con fondos públicos. En este curso 2011-2012, al menos el 80 por ciento del profesorado de los colegios e institutos de la comunidad tiene plaza definitiva, tal y como comprometió el año pasado el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica.

Para el próximo curso 2012-2013, la intención es que las plantillas docentes alcancen un 90 por ciento de estabilidad. De ahí que la Junta haya decidido incluir en el concurso de traslados estos puestos específicos. "Queremos dar un salto en este sentido y lo vamos hacer ofreciendo el mayor número de vacantes posibles y haciendo que los puestos específicos sean ocupados por profesorado con carácter definitivo", argumentan desde Educación, donde están convencidos de que una mayor estabilidad de las plantillas contribuye a la mejora de los resultados educativos del alumnado, ya que los profesores pueden implicarse más y mejor en los proyectos del centro donde trabajan.

Aunque aún no han podido precisar el número de vacantes que van a ofertar en este nuevo concurso de traslados —la cifra exacta se conocerá en febrero—, la idea es la de ofertar "todas las necesarias" para lograr el ansiado objetivo del 90 por ciento de estabilidad en las plantillas. Según la Administración educativa, llegar a este porcentaje sería "como llegar al cien por cien", ya que todo sistema educativo requiere un mínimo de interinidad "que ronda el diez por ciento" y que se corresponde con las plazas docentes no consolidadas.

Sin contar el tiempo de servicio como interino

En esta nueva convocatoria, y a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea (TUE) conocida este verano y que equipara la antigüedad en el empleo público de funcionarios de carrera e interinos, los docentes no podrán computar como tiempo de servicio los meses o años trabajados en régimen de interinidad antes de adquirir la condición de funcionarios. Es decir, que a este respecto, la convocatoria de este año se hace "en los mismo términos que la del año pasado", resumen las fuentes de la Consejería de Educación consultadas por Europa Press.

Tomar esta decisión, sin embargo, no ha sido fácil. Tras conocer la sentencia del TUE y ante las "dudas" que ésta generaba, la Junta de Andalucía decidió consultar al Ministerio de Educación acerca de la conveniencia o no de computar el tiempo de servicio como interino en el concurso de traslados. El Ministerio, a su vez, consultó a la Abogacía del Estado, órgano que, en última instancia, elaboró un informe en el que concluía que "era posible convocar el concurso dando cumplimiento al Real Decreto que lo regula tal y como está formulado en la actualidad". Esto, unido a que los sindicatos se mostraron "partidarios de forma unánime" a que el concurso se mantuviera "en los mismos términos" que el año anterior, ha hecho que la convocatoria, aunque con "un mes de retraso aproximadamente", haya salido adelante desechando la antigüedad de los interinos a la hora de elegir plaza.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días a partir de este martes 17 de enero. El personal que esté obligado a participar en esta convocatoria y no lo haga será destinado, de oficio, con ocasión de vacante, a otra plaza "siempre que cumpla con el requisito de la especialidad".

Los sindicatos docentes,

Conformes con la convocatoria

A diferencia de otras ocasiones, la mayoría de sindicatos no han mostrado este lunes sorpresa alguna con la convocatoria del concurso de traslados y se han mostrado conformes con la misma. Ya conocían el borrador de la propuesta y ni CSI-F ni CCOO —los sindicatos mayoritarios en el sector educativo— han querido entrar a valorar el hecho de que a los interinos no se les vaya a computar la antigüedad a la hora de elegir plaza. Tampoco FETE-UGT.

Para estas tres organizaciones, que valoran que Educación haya tenido a bien incluir los puestos específicos dentro de la convocatoria para evitar que después se cubran por "un concurso abierto cuyos criterios nunca están muy claros", lo más importante es que la convocatoria se ha realizado con "garantías jurídicas" en tanto que ha tenido en cuenta el informe realizado por el Ministerio de Educación sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea. Dicho informe concluye que el tiempo de trabajo de un interino computa igual que el de un funcionario docente y que, por tanto, el tiempo trabajado en régimen de interinidad no tiene efectos en el concurso de traslados.

Con todo, los responsables de los tres sindicatos en Andalucía, cuestionados por Europa Press, advierten de que se trata de "un tema de mucha complejidad en el que hasta los propios juristas tienen diversas opiniones y ninguna de ellas es válida al cien por cien en el sentido en que ninguna se pronuncia de forma contundente a favor de los interinos o de los funcionarios". Es por ello por lo que CSI-F, CCOO y FETE-UGT han optado por 'no mojarse' a favor de uno u otro colectivo y se han limitado a ofrecer sus servicios jurídicos al afiliado que se sienta "perjudicado".

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