El grupo de IU en la Diputación de Málaga solicitará al equipo de gobierno, en el pleno de este martes, que inste al Ejecutivo central a "dar marcha atrás en su proyecto de bloquear durante 2012 la entrada de nuevos beneficiarios en ciertos grados" de la Ley de Dependencia y a que aporte "la financiación necesaria" para que ésta pueda desarrollarse "plenamente".

Según se concreta en la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, la aplicación de esta medida supone que "40.000 dependientes andaluces y 7.300 malagueños, cuya dependencia ya está reconocida y están a la espera de la validación, se queden sin recibir la ayuda que por derecho les corresponde".

La coalición de izquierdas pone de manifiesto "el enorme impacto para el bienestar de las personas dependientes y sus familiares que ha tenido esta ley", tanto en España como en la provincia de Málaga, donde el Sistema de Atención a la Dependencia ofrece actualmente 37.840 prestaciones a 29.126 personas beneficiarias.

Además, ha supuesto la creación de 10.000 puestos de trabajo en la provincia, ocupados en su mayoría —el 86 por ciento— por mujeres, que cobran en torno a 500 euros mensuales. En el 69 por ciento de los casos, estas personas no realizan ninguna otra actividad laboral más.

Por tanto, desde IU sostienen que la ayuda a la dependencia se ha convertido en "un pilar del Estado de Bienestar en España y, por tanto, en un derecho irrenunciable", aún conscientes de que la aplicación de esta ley "no está exenta de criticas", como "la falta de universalidad, la feminización y precarización de los cuidados, la privatización de la gestión, etcétera".