El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Valencia se ha inhibido y ha trasladado al juzgado número 3 de Palma la denuncia interpuesta por 'Manos Limpias' contra el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida y delito societario, y contra los responsables de la Generalitat valenciana que pudieran ser imputados a raíz del convenio firmado con el Instituto Nóos para conseguir que Valencia pudiera ser sede de la primera edición de unos juegos deportivos.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la denuncia de este sindicato, interpuesta el 23 de diciembre, recayó sobre el juzgado número 6 de Valencia, que abrió diligencias previas de investigación y se inhibió en favor del juzgado de Palma que lleva el grueso de este caso.

Este juzgado de Palma, que es el que elaboró el auto de imputación contra Urdangarin, todavía no se ha pronunciado sobre si acepta o rechaza incorporar la denuncia de 'Manos Limpias' al procedimiento que está tramitando, han indicado las mismas fuentes.

'Manos Limpias' presentó la denuncia al amparo del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que quienes por razón de su cargo tuvieran noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción.

La denuncia se basaba en una serie de hechos consistentes, según relata, en la que la Generalitat valenciana, siendo conseller Esteban González Pons, a través de la sociedad pública Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, firmó un Convenio con el Instituto Noós para conseguir que Valencia fuera sede de la primera edición de unos supuestos juegos olímpicos.

El precio fijado fue de seis millones de euros cuyos pagos se librarían desde la Vicepresidencia, indica el texto. Asimismo, añadía en la denuncia que el convenio tenía como objetivo "realizar la confección de un dossier de la candidatura, con una documentación anexa, y presentarla ante organismos deportivos nacional e internacionales para recabar los apoyos necesarios".

Además, agregaba que el convenio se extendía durante dos años —2006/2007— y que en el primer ejercicio se abonaría la cantidad de tres millones de euros. Según Manos Limpias, los denunciados "pese a no realizar trabajo alguno cobraron 382.000 euros". En esta línea, sostiene que los responsables de la Generalitat "tenían la obligación, como cualquier administración pública, de fiscalizar el gasto y de denunciar conductas delictivas, circunstancias éstas que no se llegaron a efectuar".

Los delitos

Para el sindicato, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal ya que considera que existe "una presunción más que razonable de que por parte de los denunciados se actuase con engaño"; de otro de falsedad documental contemplado en el 395, porque igualmente hay "una presunción más que razonable de que por parte de los denunciados se falsearan documentos para justificar gastos" y de uno societario del 290 por la posibilidad de que los denunciados "manipulasen la contabilidad del Instituto Nóos".

En relación con el delito de no perseguir delitos y de encubrimiento —del artículo 451 del Código Penal—, apunta que hay "una presunción más que razonable de que los responsables de la Generalitat no fiscalizaron el gasto y no persiguieron el delito de estafa".