La Fiscalía de Granada ha remitido al Juzgado de lo Mercantil de Granada, que se encarga del concurso de acreedores del Granada CF, un informe en el que pone de manifiesto una posible gestión irregular de la economía del club cuya responsabilidad recaería en el expresidente, Francisco Sanz, el que fuera vicepresidente, Raimundo Pérez, y el secretario y el tesorero.

El titular del Juzgado, Blas Alberto González, ya pidió al Ministerio Público que se pronunciase acerca de los informes elaborados por los dos administradores concursales a los que se les encargó el proceso, ya que uno de ellos calificó el concurso como "fortuito", sin contemplar una eventual irresponsabilidad en Sanz, mientras que el otro opinó que fue "culpable", contemplando la posibilidad de que el exdirectivo agravara la situación con su actuación.

La existencia de esos dos informes es, para la Fiscalía, una "dificultad añadida" para el estudio del procedimiento por sus criterios "dispares", si bien la valoración de los mismos le lleva a alcanzar la conclusión de que el concurso debe calificarse como "culpable", según consta en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press.

De hecho, según reseña el Ministerio Público, el administrador-abogado que lo consideró "fortuito" reconoce la existencia de irregularidades en la actuación del Granada CF, dos concretamente: una de ellas relacionada con "discrepancias" entre los datos de contabilidad del club y los informes económicos emitidos, lo que sin embargo atribuye a un "error"; y otra relativa a la tardanza en la solicitud del concurso —que se presentó el 16 de octubre de 2009 y se declaró siete días después— pese a que había una situación de "desbalance real" en el Granada.

Una vez analizados los datos correspondientes a los dos informes, el fiscal concluye que la situación económica del Granada "ya era preocupante" en la temporada 2004-2005, pues el saldo de su patrimonio neto era de menos 5.448.078 euros, siendo una parte importante de dicho pasivo las deudas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), y con la Tesorería General de la Seguridad Social. Debido a esta situación, añade en su informe, el club firmó con la AEAT un acuerdo de fraccionamiento y aplazamiento de deuda en el último trimestre de 2006.

"Dicho acuerdo debería haber impulsado la idea de que se actuara con mucho más rigor en la gestión del patrimonio del club, con la finalidad de que el pasivo no aumentara hasta una cantidad alarmante. Pero no hubo dicho rigor, y así el pasivo aumentó en la temporada 2006/2007 en 1.325.277 euros, y en la siguiente en otros 2.095.664, con lo cual en el año 2008 el desfase patrimonial ascendía ya a 8.909.019 euros, cantidad muy preocupante, que debiera haber despertado todas las alarmas, dadas las posibilidades económicas que tenía el club", mantiene el fiscal.

Por otro lado, también continuaron "creciendo" las deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social, por impago de las cuotas de los trabajadores, ascendiendo la deuda entre las temporadas 2006 a 2009 a la cantidad de 888.420 euros. Este impago, considera la Fiscalía, "tendría que haber sido considerado como grave, toda vez que suponía de facto un quebrantamiento de los derechos de los trabajadores, que podría suponer la aparición de responsabilidad penal.

La situación se agravó en la temporada 2008-2009, y el "desfase patrimonial" aumentó en 1.292.463 euros, con una cifra total de pasivo de 10.519.375 euros. A esta cifra, que suponía una "clara situación de insolvencia actual", se llegó porque no se adoptaron las medidas adecuadas (como un concurso de acreedores), a juicio de la Fiscalía, que recuerda que la Junta Directiva acordó el 21 de enero de 2009, por mayoría absoluta, no someterse a la Ley Concursal pese a la situación.

Esta "falta de previsión" supuso una "conducta negligente" de la Junta Directiva, que agravó la negativa situación económica del club y que constituye, en opinión del Ministerio Fiscal, un "supuesto de concurso culpable", teniendo en cuenta además que existieron "irregularidades contables" que provocaron "dificultad para conocer y comprender la situación patrimonial" del club, que constituyó el 2 de marzo de 2009 una Junta Gestora que ya advirtió de que las cuentas presentadas a 31 de diciembre de 2008 "no reflejaban la imagen fiel del club".

En lo que respecta a la posible responsabilidad en esta situación perjudicial para la economía del club, la Fiscalía concluye que debe atribuírsele al expresidente, el que fuera vicepresidente, al secretario y al tesorero en lugar de a toda la Junta Directiva de aquellos años porque "durante 2007 y 2008" se adoptaron decisiones sin el conocimiento de este órgano "al completo", como la de no acudir a la Ley Concursal en enero de 2009.