Uno de los propietarios de la empresa Minser, Gabriel Rivas, quien ha comparecido en calidad de imputado en el marco del caso Ibatur, se ha desvinculado ante el juez del convenio rubricado en 2008 entre el consorcio público IB-Blau y la asociación Bitácora para el fomento del turismo náutico sostenible, en torno al cual las pesquisas apuntan a un presunto desvío de fondos públicos a raíz de la firma de este documento.

El encausado se ha defendido justificando que no participaba en ninguna decisión relativa a materias de contratación o administración, puesto que el administrador único de la mercantil era Juan Carlos Escuer, quien también había sido citado este viernes como imputado si bien se ha acogido a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 2, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En concreto, las pesquisas de esta parte del caso Ibatur se centran en las supuestas irregularidades cometidas en torno al convenio con Bitácora, por el que el consorcio dependiente de la Conselleria de Turismo se comprometía a abonar cada año 850.000 euros, una actuación que por lo elevado de la cantidad y según los investigadores debería haberse articulado mediante un contrato de servicios, de acuerdo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Mientras tanto, una parte de los 850.000 euros fue percibida por Minser para poder desarrollar una plataforma (call center) de atención telemática sobre la oferta de turismo náutico, respecto a lo cual también ha sido inquirido Rivas, quien a petición del fiscal Miguel Ángel Subirán ha señalado que en varias semanas aportará diversa documentación relativa a Minser -principalmente relacionada con los libros de contabilidad y los estatutos de la empresa-.

Se da la circunstancia de que tanto Rivas como Escuer también se encuentran imputados dentro del caso Voltor a raíz de la adjudicación presuntamente irregular de un contrato por valor de un millón de euros desde el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) a Minser. En el marco de esta causa se encuentran en libertad bajo fianza de 100.000 euros.

Cabe recordar que sobre el convenio con Bitácora ya fue interrogado el entonces conseller de Turismo Francesc Buils quien, asistido por los letrados Matías Barón y Mateo Sedano, defendió la legalidad del convenio y en concreto la figura y la tramitación como forma de materializar esta actuación, por lo que negó cualquier tipo de irregularidad mientras se le iban exhibiendo numerosas facturas relacionadas con estos hechos.

Por su parte, el exasesor jurídico del Ibatur, Miquel Àngel Bonet, también apeló a la legalidad del convenio y aseveró además que Bitácora llegó a reclamar una indemnización después de que el predecesor de Buils como conseller, Miquel Nadal, decidiese paralizar el convenio y fueran anulados los pagos a pesar de que los trabajos para la promoción del turismo náutico sostenible se habían llevado a cabo.

Una actividad que, cabe recordar, fue promocionada entonces como una forma de diversificar la oferta de Baleares y de combatir la desestacionalización. De hecho, durante una presentación llevada a cabo en Fitur, Bonet y el entonces director general de Promoción Turística, Joan Sastre, todos ellos imputados en la actualidad por estos hechos, destacaron las posibilidades de este tipo de turismo como modo de atraer un mayor número de turistas.

El caso Ibatur estalló en febrero de 2009 con el arresto de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue detenido, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como caución para evitar su ingreso en prisión.