El Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante ha acordado su inhibición en favor de la Audiencia Nacional de la denuncia presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón, contra la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) destituida por el Banco de España.

Según el auto dictado el pasado 10 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación acusa a la antigua directiva de la caja de ahorros de presuntos delitos societarios, falseamiento de cuentas y acuerdos abusivos con ánimo de lucro.

La asociación pide a los jueces que investiguen porque "falsear las cuentas de una caja no puede ser solo obra de la directora general de la misma, sino que exige un concurso más amplio de voluntades y deben ser investigados otros responsables, como el anterior presidente y los altos directivos".

La denuncia se remitirá al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que el pasado mes de noviembre admitió a trámite otra denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón contra la exdirectora general de la CAM María Dolores Amorós por presunta estafa, delito societarios y falsedad documental.

Además, Mazón considera que la antigua cúpula de la CAM tomó "acuerdos abusivos en materia de blindaje de indemnizaciones y pensiones, en detrimento de los depositarios y a cuenta de partícipes".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional está pendiente de recibir un informe de las presuntas irregularidades a los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que gestionan la entidad desde la intervención del pasado mes de julio.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción también mantiene abierta una investigación de oficio contra la antigua cúpula de la CAM por estos hechos, que. El caso está en manos del fiscal José Miguel Alonso, dependiente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Las pesquisas se centran en los informes emitidos por los interventores del Banco de España y los administradores del FROB tras la intervención, que reflejan que los responsables de la caja valenciana comunicaron unos beneficios de 38,9 millones de euros en marzo de 2011 cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Además, se investigan las causas del despido disciplinario impuesto el pasado 28 de septiembre por el Banco de España a la exdirectora por haber pactado con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% anual desde su jubilación, y un sueldo de 593.040 euros.

María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en noviembre de 2010, y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias, si bien hasta su despido disciplinario seguía cobrando su sueldo.