El presidente de Nueva Canarias (NC) y consejero de esta formación en el Cabildo de Gran Canaria, Román Rodríguez, ha instado al gobierno insular a que priorice el mantenimiento de las residencias de mayores, especialmente de aquellas que están abocadas al cierre, como las de La Aldea, la de Ingenio o Valleseco.

En un comunicado, el nacionalista explicó que "no es aceptable que el PP destine un millón de euros al Estadio de Gran Canaria, en este contexto de crisis y cuando cientos de ancianos, y sus familiares, viven con la incertidumbre de si seguirán recibiendo la atención y los servicios que les prestan en sus residencias".

Aquí, valoró que el gobierno insular del PP se caracteriza por su "poca capacidad e insensibilidad". "Además de por estar más pendientes de asuntos superfluos, como macrobanderas y coches de lujos, que de lo que verdaderamente afecta a los ciudadanos", dijo.

Rodríguez indicó que en medio año de mandato sólo tienen dos proyectos importantes en marcha "y son heredados del gobierno anterior": el Palacio de Deportes y la central Chira-Soria. El resto de la acción de la gestión "brilla por su superficialidad".

"Este gobierno tiene nulas perspectivas de futuro", insistió en referencia a que no han presentado ni un solo plan estratégico, que no haya sido ideado por el gobierno anterior (PSC-NC), que permita recuperar la esperanza, el crecimiento, y el empleo en Gran Canaria. Un buen ejemplo es la pérdida de liderazgo en la tarea de renovación del sector turístico.

Tren de gran canaria

Por otra parte, el presidente de Nueva Canarias aseguró que el proyecto ferroviario de Gran Canaria "está bien colocado de cara al futuro", porque está aprobado su planeamiento de forma "definitiva e indefinida" y porque la práctica totalidad de los proyectos que lo componen están encargados.

Sí reconoció que las políticas de recortes del PP en el Gobierno estatal van a hacer que se congele la financiación del tren, pero el trabajo que se ha hecho hasta ahora lo convierte en un proyecto prioritario para cuando se recupere la capacidad de inversión del sector público, porque "es un derecho" de los grancanarios tener este medio de transporte más eficaz y menos contaminante.