Fernando de Pablos, abogado del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, considera que la suspensión provisional resuelta por la Junta de Andalucía en cuanto a la condición de funcionario de la que goza Guerrero, quien había solicitado su reingreso al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), podría constituir todo un presunto "delito de prevaricación" al partir de "una decisión injusta tomada a sabiendas de que es injusta". Por eso, y a la espera de que le sea notificada esta resolución, De Pablos ha anunciado que "posiblemente", esta decisión sea motivo de una "querella por un supuesto delito de prevaricación" contra las autoridades autonómicas.

De Pablos ha explicado a Europa Press que, hasta el momento, a su cliente y a él no se les ha notificado "absolutamente nada" sobre esta decisión que, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo andaluz, no es sino una "medida cautelar proporcionada a la naturaleza de los delitos que se le imputan y las circunstancias en que presuntamente se han cometido". Y es que Guerrero es uno de los principales imputados en la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas detectada en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos.

El testimonio del chófer de guerrero

Recientemente, en ese sentido, su antiguo chófer cuando Guerrero aún ostentaba la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social declaraba a la Policía Judicial, en el marco de una investigación paralela por dos posibles delitos de fraude de subvenciones, que había usado la mayor parte de unas ayudas autonómicas en cocaína, "fiesta y copas" para Francisco Javier Guerrero y para él mismo, extremo incorporado por la juez Mercedes Alaya a su investigación.

De cualquier modo, Fernando de Pablos ha recordado que Francisco Javier Guerrero no sólo no está condenado o procesado, sino que "ni tan siquiera ha prestado declaración en sede judicial", pues como ha rememorado, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social solo ha comparecido ante los investigadores de la Policía Judicial. Por eso, De Pablos considera que la Junta de Andalucía ha tomado "una decisión injusta a sabiendas de que es injusta", extremo que "posiblemente" derive en "una querella por un presunto delito de prevaricación" que sería atribuido a la Administración andaluza.