La Audiencia Provincial de A Coruña, que debía juzgar el conocido como "fraude del gasóleo", en el que están acusados 23 personas, se ha declarado incompetente para celebrar esta vista, después de que algunos abogados alegasen que no hubo un presunto delito fiscal en esta provincia. Esta petición, a lo que los letrados sumaron dilación indebida y prescripción de los delitos, fue respaldada por el fiscal y el abogado del Estado.

Según han precisado a Europa Press fuentes de la defensa, ahora el caso se remitirá a la Audiencia Provincial de Pontevedra, que deberá decidir si asume o no esta causa. En esta provincia, es donde presuntamente, se cometieron los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a los acusados.

El juicio estaba previsto que se prolongase durante un mes en la Audiencia de A Coruña, donde llegó a celebrar la primera de las sesiones con las cuestiones jurídicas, entre ellas la "falta de competencia" de la sala para juzgar los hechos, finalmente admitida, además de la petición de nulidad de actuaciones, la prescripción de delitos o la dilación indebida.

En total, son 23 las personas acusadas, entre los que figuran empresarios de distintos puntos de Galicia, tres guardias civiles y dos agentes de Aduanas que se enfrentan a penas que suman unos 300 años de cárcel y el pago de 738 millones en concepto de multas.

Impago de impuestos

Según la Fiscalía, se les acusa de desviar, entre los años 1998 y 2000, gasóleo B de un depósito en Mugardos (A Coruña) con supuesto destino a sociedades ubicadas en Portugal, y de comercializarlo como gasóleo A en Galicia, sin pagar los impuestos correspondientes. El volumen del importante presuntamente defraudado a Hacienda ascendería a más de 20 millones de euros.

Entre los acusados, de los que este lunes se presentaron 20, defendidos por otros tantos letrados, están los propietarios o administradores de sociedades mercantiles, que, presuntamente, eran las firmas encargadas de comercializar el combustible.

A los guardias civiles, se les acusa de firmar resguardos de aprovisionamientos del gasóleo que no se producía o se hacía en menor cantidad y a los funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera, con sede Pontevedra, de facilitar información a los empresarios.

En total, el fiscal les imputa 11 delitos contra la Hacienda Pública, siete delitos continuados de falsedad en documento mercantil, dos delitos continuados de falsedad en documento público, tres delitos continuados de falsedad en documento público cometido por funcionario público y un delito de falsedad en documento público cometido por funcionario público.

Por el contrario, las defensas piden su absolución y niegan los hechos. En declaraciones a los periodistas, una de las letradas ha admitido únicamente divergencias "sobre la forma de aplicar determinados impuestos", ha apostillado.