El Consejo Económico y Social (CES) ha reclamado en su informe previo sobre el 'Anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de Castilla y León' la adopción de "medidas claras" de impulso y estímulo económico con la prioridad de desbloquear el crédito a pymes y particulares y ha advertido de que poner en marcha sólo de medidas de ajuste y de consolidación fiscal puede provocar una más lenta salida de la crisis e incrementar el paro a corto plazo.

En este sentido, el CES insiste en la "necesidad ineludible" de compatibilizar la consolidación fiscal a la que hacen referencias las medidas del 'Anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de Castilla y León' con políticas y acciones económicas que busquen y promocionen el crecimiento económico.

El Consejo considera asimismo que para que los ciudadanos puedan sentirse corresponsables solidarios del esfuerzo impositivo, donde aboga por compartir los esfuerzos en proporción de las posibilidades de los ciudadanos y en cumplimiento de sus obligaciones, necesitan apreciar a su vez un esfuerzo redistributivo de las cargas impositivas por lo que recomienda a la Junta una "estricta" vigilancia de la lucha contra el fraude fiscal.

El CES lamenta también la "contradicción" de las legislaciones autonómicas en impuestos, como los de sucesiones y donaciones o el 'céntimo sanitario', por considerar que "al final producen en los asalariados y autónomos la sensación de ser los únicos impositores reales del sistema, sin capacidad de opinar o proponer".

Respecto a la aplicación concreta del Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el denominado 'céntimo sanitario', el informe del CES, que tiene un voto particular del grupo de expertos de la Junta en este sentido, considera que existen otras medidas para incrementar los ingresos en Castilla y León por lo que rechaza una opción "que puede suponer un claro perjuicio al poder adquisitivo del conjunto de los ciudadanos y de las empresas de la Comunidad".

Además, y tras recordar que ninguna de las nueve comunidades autónomas que han implantado ya el 'céntimo sanitario' ha optado por aplicar los tipos máximos autorizados, como se ha elegido en el caso de Castilla y León, el CES advierte de que el cobro de este tramo autonómico que no se aplicar en cuatro regiones limítrofes (La Rioja, Aragón, Cantabria y País Vasco) puede representar desventajas de carácter económico.

El CES recuerda también que la CE emitió en su día un informe que concluía, a su vez, que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos no se ajusta a la normativa comunitaria por lo que augura su previsible derogación y su transformación en un "recargo" sobre el Impuesto de Hidrocarburos "en un plazo de tiempo no muy largo".

En este sentido, el CES recomienda a la Junta que garantice ya en todo momento que los ingresos derivados de la aplicación de ese futuro 'recargo' se destinen "al cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas de la prestación del servicio de asistencia sanitaria desarrollado por la comunidad de Castilla y León".

"ha habido tiempo suficiente"

Otra de las quejas del CES en este informe previo sobre el 'Anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de Castilla y León' es la supuesta urgencia de la Junta en su aprobación desde el convencimiento de que "desde comienzos del trimestre pasado ha habido tiempo suficiente para no agotar tanto los plazos en las decisiones ejecutivas de la Comunidad" lo que habría permitido, a su vez, "más sosiego en las opiniones e, incluso, más espacio temporal en la ejecución real del presupuesto de 2012".

También carga contra la utilización de leyes de este tipo para la creación, modificación o extinción de entes y entidades o empresas del sector público, que, a juicio del CES, se debería acometer en virtud de una ley específica para cara ente, órgano o empresa a tramitar por las Cortes.

El CES rechaza también el uso de este tipo de anteproyectos para "modificaciones tan sustanciales" como las que recoge el texto entregado por la Junta de Castilla y León y reclama, por otro lado, concretar el carácter finalista de los ingresos tributarios por los nuevos tributos propios -la 'ecotasa' y el Impuesto sobre el depósito de residuos— en programas individualizados.

En cuanto a la denominación de los dos nuevos impuestos autonómicos, el Consejo Económico Social recomienda modificar la denominación del 'Impuesto sobre el daño medioambiental' —la 'ecotasa'— por la "afección medioambiental causada por..." por considerar que el término daño medioambiental puede llevar a equívoco sobre el contenido efectivo del hecho imponible.

También apuesta por modificar la denominación del 'Impuesto sobre el depósito de residuos' por el de 'Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero' y advierte de la dificultad de gestionar y recaudar estos dos tributos propios mientras no se redacten las órdenes conjuntas de las consejerías competentes en materia de Hacienda y Medio Ambiente relativas al censo de instalaciones y contribuyentes del impuesto sobre el daño medioambiental y al censo de entidades explotadoras de vertederos a los efectos del segundo impuesto.

Recorte del número de empleados públicos

Por otro lado, este informe previo rechaza "de forma categórica" las medidas referidas a las condiciones laborales de los empleados públicos —Cecale ha emitido en este sentido también un voto particular que se suma al del grupo de expertos de la Junta en este sentido—, especialmente en lo relativo al incremento de la jornada laboral "que va a suponer un recorte en el número de empleados públicos al servicio de la Administración, con el consiguiente deterioro del servicio público que se viene prestando lo que pone en peligro la extensión, continuidad y universalidad de acceso a los servicios públicos que configuran el Estado del Bienestar".

El CES también cree "excesiva" la inclusión en una Ley de Medidas de normas sobre la determinación del horario general en las dependencias administrativas de la Administración Autonómica donde "bastaría con una Orden de la Consejería competente".