En declaraciones a Europa Press, Martínez Amo ha valorado la acción del Gobierno andaluz al entender que ésta viene asesorada por su gabinete jurídico aunque se ha visto contrariado ya que, en un principio, el acusado se incorporó a su puesto de trabajo tras pasar ante el juez. "La Junta de Andalucía habrá consultado a sus asesores jurídicos para ver si es procedente o no" la retirada cautelar de la actividad asistencial.

Pese a que ha advertido que aún los hechos "están por probar", ha manifestado que el Colegio de Médicos "tendrá algo que decir" al respecto, por lo aún esperan un dictamen encargado a su gabinete para determinar qué actuaciones debe emprender este órgano ante este caso, por lo que aún se analiza y contrastan las informaciones aparecidas al respecto.

En esta línea, sí que ha confirmado que el comité deontológico del órgano colegiado tendrá que citar al doctor en cuestión para que preste declaración en relación a este asunto y cómo ha podido afectar a su ejercicio, de forma que ésta declaración podrá ser comparada con una posterior resolución judicial para tomar decisiones al respecto.

Martínez Amo ha manifestado además que, en caso de que finalmente se confirmen los hechos que se le imputan, se trataría de un caso "lamentable" y "penosísimo", máxime cuando, según se ha referido, ha perjudicado a otro facultativo de la zona cuyas iniciales coinciden con las del detenido, lo que ha calificado de un "malentendido horrible".