La Audiencia Provincial juzgará este miércoles a un hombre acusado de tocamientos a menores, a quienes se acercaba cuando éstas salían de sus centros escolares. El Fiscal solicita una condena de once años y medio de prisión, libertad vigilada durante cinco años más y la prohibición de acercarse a sus víctimas.

El Ministerio Fiscal le imputa cuatro delitos de abusos sexuales a menores de trece años, tres delitos de abusos sexuales, otro en grado de tentativa y otro de resistencia, ya que cuando fue detenido forcejeó con los agentes de Policía.

Según relata el Ministerio público en su escrito de calificaciones, los hechos sucedieron entre febrero y junio de 2011 en Santander, en distintas ocasiones

A la salida del colegio o en las proximidades de los portales de las víctimas, el procesado abordaba a las víctimas, realizándolas tocamientos en zonas como los muslos, la parte genital y los glúteos, por encima y debajo de la ropa. Una de las chicas, menor de edad, le propinó un golpe para defenderse.

La Policía llegó a montar un dispositivo para localizar al acusado, que lo fue tras ser alertado por los gritos de niños e intentar darse a la fuga, oponiéndose violentamente a los intentos de detención de los cuerpos de seguridad y causando con ello daños a un agente.

Para el acusado, en prisión provisional desde entonces, se le piden once años y medio de prisión por cuatro delitos de abusos sexuales (tres de ellos a menores de 13 años) y uno de resistencia a la autoridad, además de la prohibición de acercarse durante cuatro años a las víctimas, sus domicilios o centros escolares, cinco años de libertad vigilada e indemnizaciones de 1.000 euros para cada una de las menores víctimas.

Por su parte, la defensa se muestra conforme con el relato del Ministerio Fiscal, pero no con ciertas partes de las acusaciones particulares, ya que, en uno de los casos niega que tocara "fuertemente" a una de las denunciantes, con las que el contacto fue "leve y fugaz".

Pero objeta como circunstancias atenuantes de los hechos la reparación del daño (el abono de las indemnizaciones), y las dilaciones indebidas por los retrasos en la celebración del juicio.

Y propone como penas alternativas condenas que oscilan entre los cinco años y medio de prisión y los seis, admitiendo las peticiones de alejamiento que hace el Ministerio Público.