La Comisión de Política Social del Parlamento de Navarra ha aprobado el dictamen del proyecto de ley foral por el que se regula la renta de inclusión social, hasta ahora renta básica, y pasará al pleno para su aprobación definitiva el próximo 17 de enero.

La nueva legislación eleva de 12 a 24 meses el requisito de residencia en Navarra para poder acceder a la prestación. Además, el proyecto de ley del Gobierno establece dos itinerarios: uno para personas en situación de exclusión social y otro para personas que han perdido su trabajo y se les han terminado las prestaciones por desempleo.

Los socios de Gobierno, UPN y PSN, rechazaron las enmiendas a la totalidad que habían presentado todos los grupos de la oposición contra la nueva ley y permitieron que la norma pudiera ser tramitada en el Parlamento.

En el transcurso del debate llevado a cabo en la comisión parlamentaria se han discutido 76 enmiendas, de las que se han aprobado siete, cinco de ellas in voce, tres suscritas por UPN y PPN, y dos por UPN y PSN.

De las otras dos enmiendas aprobadas, ambas impulsadas en solitario por el grupo popular y apoyadas por UPN, PSN e I-E, una suma a las obligaciones de los beneficiarios la de "comunicar cualquier cambio de domicilio habitual" (rechazo de NaBai y abstención de Bildu) y la otra incluye la "renuncia" como motivo de extinción del derecho a la prestación (rechazo de Bildu, abstención de Nabai).

Las 69 enmiendas restantes han decaído. Las de NaBai (13), Bildu (16) e I-E (21) se han centrado en mitigar el perfil "restrictivo" de la nueva norma para, cuando menos, mantener la prestación en sus niveles actuales.

Las del PPN, favorable a "actualizar" el contenido de la renta básica, pretendían evitar, fundamentalmente, la "exclusión" como beneficiarios de las personas en situación de desempleo que han agotado el cobro de todo tipo de prestaciones y subsidios.