El chófer del principal imputado por los ERE de la Junta dice que gastaban las ayudas en cocaína

  • En el texto de su declaración, indica que parte de los 900.000 euros que cobró los destinó a comprar cocaína para su jefe y para "ir de fiestas y copas".
  • Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo, es el principal imputado en el caso de los ERE fraudulentos y otras subvenciones de la Junta.
  • Guerrero niega estas acusaciones del conductor.
  • El PSOE considera "sumamente irreal" la declaración del chófer de Guerrero.
Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo de la Junta.
Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo de la Junta.
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El chófer de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo e imputado en el caso de los ERE fraudulentos, ha dicho a la Policía que parte de las ayudas que cobró las destinó a comprar cocaína para su jefe, mientras que el ex alto cargo de la Junta ha negado estas acusaciones.

El chófer, Juan Francisco T.B., manifestó que recibió 900.000 euros en subvenciones para dos proyectos de su propiedad, y declaró ante la Policía que parte del dinero se lo dio en mano a su jefe y también, a solicitud suya, le compró "varios efectos como material de telefonía, artículos de música, antigüedades y ropa". "La mayor parte del dinero lo dedicó a comprar cocaína para su jefe y para él" y para "otros gastos como ir de fiestas y de copas", afirma en su declaración.

Con el dinero de las ayudas públicas se compró un terreno en la sierra destinado a casas rurales y un piso en la calle San Luis de Sevilla que iba a ser destinado a sede de la empresa.

Asimismo, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha señalado que son "totalmente falsas" y "no tienen ningún fundamento" las declaraciones del antiguo chófer y ha dicho que su cliente niega tanto haber comprado droga y objetos como haber recibido él mismo parte de las ayudas que la Junta concedió a dos empresas creadas por su antiguo chófer. El magistrado ha indicado que denunciará a los funcionarios policiales o judiciales que hayan podido filtrar la declaración a la prensa, ya que el acta que ha sido divulgada está "foliada" (se entiende que los folios o documentos aparecen numerados), lo que significa que no procede del chófer sino que ha sido extraída de unas diligencias policiales o judiciales.

Por su parte, la jueza de Sevilla que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha pedido a dos juzgados de Andújar que se inhiban en la causa del chófer y ha pedido asumir esta investigación porque entiende que tiene relación directa con la trama de los ERE fraudulentos. Los juzgados número 1 y 2 de Andújar abrieron sendas diligencias contra el conductor de Guerrero por no declarar dos subvenciones de 450.000 euros cada una que recibió en 2004 y que reconoció no haberlas destinado al fin previsto.

El conductor declaró que parte del dinero "se lo dio en mano a su jefe", lo que supone, según fuentes del caso, un "salto cualitativo" pues se trata del primer "intruso" que declara que Guerrero recibió personalmente parte de las cantidades obtenidas ilícitamente por su mediación.

Reacciones del PSOE y del PP

La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, ha calificado de "muy grave, si es así" que el exdirector general de Empleo haya podido destinar dinero público para comprar cocaína, y ha demandado celeridad a la justicia y que los culpables "paguen cuanto antes".

Después de recordar que el caso de los ERE y el comportamiento de Guerrero fue denunciado por la Junta, la dirigente socialista ha explicado que ha conocido este asunto por los medios de comunicación y que "si es así, es gravísimo".

Por otro lado, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha definido como "indecente, impresentable e intolerable" las declaraciones del chófer de Guerrero y ha pedido la comparecencia del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el Parlamento dado que fue el consejero de Economía en los años en que se produjeron los casos de ERE fraudulentos. Sanz ha recordado que el PSOE y el Gobierno andaluz han "vetado" la creación de diez peticiones de comisiones de investigación sobre el caso de los ERE.

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