El Tribunal encargado del juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), tiene previsto retomar la vista oral este lunes con las declaraciones de más empresarios acusados en el último bloque del juicio por haber dado dinero al supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, a cambio de resoluciones urbanísticas favorables a sus intereses.

Tras terminar la declaración del empresario procesado José Ávila Rojas, la previsión de la Sala es que en esta sesión, que será la número 120 del juicio, comience a declarar el empresario acusado Manuel Lores. En días sucesivos les seguirán constructores como Javier Arteche, Fidel San Román y los responsables de la promotora Aifos, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El primer acusado en declarar en este bloque, último del juicio, fue Roca, que ha reconocido cobros de empresarios, que justifica en negocios privados o para financiar la campaña electoral de 2003; y también pagos que él hizo a exediles de Marbella, que achaca a la necesidad de mantener unido el equipo de Gobierno tras la moción de censura contra Julián Muñoz.

A lo largo de 15 días de interrogatorio del fiscal Anticorrupción y de las demás partes personadas, Roca analizó el reflejo de esos supuestos cobros y pagos en los archivos informáticos que fueron intervenidos en la sociedad Maras Asesores, vinculada a él y que suponen una de las principales pruebas de cargo que han presentado las acusaciones.

El principal acusado en esta causa ha admitido cobros de empresarios acusados, pero los desvincula en todos los casos de resoluciones urbanísticas favorables para éstos. También reconoció que dio "gratificaciones" a los grupos que formaban el equipo de gobierno tras la moción de censura contra Muñoz, como una "especie de pacto antitransfuguismo".

Precisó que se daba una cantidad "más importante" a los tenientes de alcalde y portavoces, como Carlos Fernández —fugado— o Isabel García Marcos, que a los ediles y que entregaba sobres a los responsables de los partidos. Analizó las cantidades persona por persona y aseguró que las anotaciones asociadas a las iniciales JM en uno de los archivos no se refieren a Julián Muñoz.

Roca insistió en que las relaciones entre el también exregidor Jesús Gil y Muñoz eran "hostiles" y añadió que la moción de censura contra este último "se hizo libre y espontánea ante una política que el resto de concejales pensaron que no era la correcta", por "la postura que ante la opinión pública estaba trascendiendo de la aventura, llámela usted extraconyugal, y nueva política de hechos del señor Julián Muñoz", que entonces mantenía una relación con la cantante Isabel Pantoja.

Asimismo, negó tener un poder absoluto en el Ayuntamiento marbellí y sobre el urbanismo, se desvinculó de cualquier intervención para que se aprobaran resoluciones urbanísticas como convenios o licencias de obras o primera ocupación, indicando que cuando estaba Gil éste era el que "prácticamente decidía todo" al respecto y la comisión de gobierno "lo único que hacía era santificar lo que él decidía".

La Fiscalía Anticorrupción solicita 30 años de prisión y multa de 810,78 millones de euros para Roca, al que acusa de los delitos de blanqueo de capitales continuado cometido en el ámbito de una organización, en la que éste es el supuesto "jefe de la misma"; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo.

El fiscal ha llegado a acuerdos con cuatro acusados, como son el empresario Ismael Pérez Peña, el hijo de éste, el también empresario Carmelo Armenta y Eusebio Sierra, pactos que han supuesto importantes reducciones de pena para los procesados.