La sociedad limitada 'Manjarex Saludables', gestora del bar de copas 'Lord K', ha formulado ante el Ayuntamiento de Sevilla una serie de alegaciones contra la orden de precinto decretada el pasado 3 de diciembre de 2011 sobre este bar del entorno de la Alameda de Hércules. En sus alegaciones, los responsables del negocio recuerdan que la orden de precinto fue resuelta cuando aún estaba en curso una solicitud de licencia de apertura promovida desde "noviembre de 2006" por sus gestores.

Según el documento de alegaciones, entregado en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento hispalense el pasado 5 de diciembre de 2011 y recogido por Europa Press, el 3 de diciembre, la Administración local ordenó el precinto de este negocio de la calle Quintana, en el entorno de la Alameda de Hércules, "por ejercer su actividad careciendo de licencia de apertura".

Frente a esta orden de precinto, el documento de alegaciones esgrime que en la fecha de tal precinto, el 3 de diciembre de 2011, "aún se tramita la solicitud de licencia formulada en el mes de noviembre de 2006" para dicho negocio. "Debe tenerse en cuenta el prolongado plazo con el que el Servicio de Licencias se demora en resolver los procedimientos de obtención definitiva de la licencia de apertura", alegaban los responsables del bar 'Lord K' esgrimiendo además "las iniciales solicitudes de licencia de apertura y ampliación de la misma que constan tramitadas".

Dos días de diferencia

Dado que la vigente ordenanza municipal de actividades determina que "la efectividad provisional de precinto se mantendrá hasta que se acredite fehacientemente el cumplimiento de las condiciones exigidas", la empresa reclamaba en su escrito de alegaciones el levantamiento de la orden de precinto porque a fecha de 5 de diciembre, con "la licencia provisional obtenida", "el expediente de obtención de licencia definitiva se encuentra concluso y listo para firma".

En la misma línea, la sala de música 'Kafka', radicada en la calle Faustino Álvarez, también en el entorno de la Alameda de Hércules, había elevado al área de Medio Ambiente alegaciones al expediente sancionador incoado en su contra tras el cierre consumado el pasado mes de octubre de 2011, en el marco de una intervención de la Policía Nacional y la Policía Local. En sus alegaciones, destinadas a evitar una sanción de 30.000 euros y un cierre de dos años de duración, los responsables del negocio se desligaban del menor descubierto consumiendo alcohol en el interior del negocio y negaban riesgos de carácter "muy grave" en la "simple superación" del aforo. Igualmente, avisaban de la "especial asechanza" de las autoridades con determinadas actividades y su "absoluta permisividad" con otras.