Los padres de un niño de Palencia con autismo han denunciado a la Junta de Castilla y León por "vulnerar" los derechos de su hijo, al obligarles a escolarizarlo en un Centro de Educación Especial, y han reclamado a la administración su derecho a decidir sobre la educación de su hijo y a elegir una educación "inclusiva" que no le discrimine.

Así lo ha afirmado la madre del niño, Azucena Ortega, en una rueda de prensa en Palencia, en la que ha explicado que nunca se ha negado a que su hijo esté escolarizado, pero sí a que sea en un centro de educación especial, tal y como les obliga la Junta de Castilla y León.

Los padres del niño palentino de ocho años con autismo han sido imputados judicialmente por un supuesto delito de abandono de familia al negarse a llevar a su hijo a un centro de educación especial, tal y como ordena la Inspección Educativa.

El auto que se dio a conocer ayer ha sido recurrido en el Juzgado.

"Nos han denunciado por no querer segregar a mi hijo en un centro, es algo que no entra en la cabeza de una persona que cree vivir en un país democrático en el que aplican las leyes a todos por igual", ha manifestado la madre.

Por eso los padres del niño han demandado a la administración educativa de Castilla y León por "la vulneración de los Derechos Humanos que se está realizando con mi hijo".

Una demanda que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha admitido a trámite, según ha asegurado hoy la demandante.

Azucena Ortega ha explicado que a su hijo se le negaron todos los apoyos cuando empezó tercero de Infantil en un colegio publico: "En menos de dos meses se le segregó a un centro de educación especial sin nuestro consentimiento", ha indicado la madre.

Un centro al que nunca ha ido el menor al considerar sus padres que "es una forma de segregar por motivo de discapacidad a los niños con diversidad funcional".

La madre ha explicado que mientras intentaban sin éxito escolarizar a su hijo en varios colegios, la Inspección Educativa les "amenazaba" con denunciarles por absentismo escolar.

Una denuncia que se hizo efectiva en diciembre de 2010 y que ahora el Juzgado de Instrucción número 1 de Palencia ha admitido y ha imputado a los padres por un presunto delito de abandono de familia.

"Estamos ante un caso disparatado y esperpéntico", ha manifestado María del Mar Álvarez, de la Junta directiva de Solcom, la asociación para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social, que está respaldando a los padres.

Álvarez ha afirmado que es incomprensible que unos padres se encuentren imputados judicialmente "por reclamar el derecho humano de su hijo a ser educado en un entorno ordinario, con sus iguales, niños con y sin diversidad funcional, de su misma edad"