La Junta se ha mostrado este jueves en desacuerdo con la decisión del presidente y consejero delegado de Caja España-Caja Duero, Evaristo del Canto, y del director general, José María de la Vega, de no dar su consentimiento como representantes del nuevo Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. de publicar la retribución percibida en 2011.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, ha reconocido que la decisión no le parece "bien" y, frente a ello, ha abogado por la transparencia "por encima de todo" tanto en las instituciones públicas como en las financieras.

A su juicio, la transparencia se hace más necesaria en una coyuntura como la actual y, tras ello, consideró que ambos dirigentes tendrán "algún motivo" para evitar la difusión de los datos.

Cabe recordar que las cajas de ahorros que recibieron ayudas públicas tenían un plazo que finalizaba el 31 de diciembre para decidir si publicaban los sueldos de su cúpula de manera individualizada o se acogían a la Ley de Protección de Datos para no difundir la información, extremo este último por el que optaron los dos dirigentes de la entidad.

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este jueves tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, solicitará a través de una misiva al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, información relativa a la "adecuación" de las retribuciones de la cúpula de las entidades que han recibido ayudas públicas.

En concreto, De Guindos se dirigirá a Fernández Ordóñez para que le facilite las retribuciones fijas y variables de estos altos cargos de las entidades que debieron recurrir al Estado para poder seguir operando y, dependiendo del informe, el Ejecutivo central tomará medidas destinadas a evitar "premiar" a los gestores que llevaron a algunas entidades al borde la quiebra.