El Instituto Nóos que presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, se excedió en 430.000 euros del presupuesto tasado con el Gobierno balear para la celebración del foro sobre turismo y deporte que se celebró en 2005, según consta en el sumario de la 'Operación Babel'.

Así lo refleja el informe del fiscal Anticorrupción del 'caso Palma Arena', Pedro Horrach, incorporado al sumario de la causa que investiga las actividades presuntamente fraudulentas cometidas por los responsables de la trama que encabezaba el Instituto Nóos, teóricamente sin ánimo de lucro.

El informe referido al convenio rubricado entre Nóos y el Gobierno balear, a través de la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), detalla que el presupuesto aprobado se fijó inicialmente en un total de 1,2 millones de euros. Sin embargo, la entidad se gastó 430.000 euros de más en el personal de dirección del proyecto.

Esta partida contempló que 90.000 euros fueran destinados al director del proyecto, 30.000 euros al director de planificación; 15.000 al responsable de logística; 25.000 euros a la directora de comunicación; y otros 15.000 euros a la responsable de relacionarse con la prensa.

Una cuantía de 25.000 euros se dirigiría a la relación con expertos y ponentes y 45.000 euros al mantenimiento de la base de datos y ofimática. Mientras tanto, un experto en turismo recibiría 75.000 euros, otro en deporte unos 60.000 euros y el director de regiones un total de 50.000 euros.

Por todo ello, el convenio relativo a los 'Patrocinadores de la Cumbre' estuvo relacionado directamente con la cobertura de los gastos no incluidos en el presupuesto, al que se incorporaron partidas "en forma parcial".

"no debe sobrepasarse un presupuesto aprobado"

Horrach solicitó a la unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado, adscrita a la Fiscalía, la elaboración de un informe sobre el sobrecoste del foro, que concluye que los presupuestos aprobados no pueden sobrepasarse.

"Son nulos de pleno derecho los actos que sobrepasen los créditos autorizados en los presupuestos de gasto. Todo gasto no habilitado es nulo. No puede sobrepasarse un presupuesto aprobado", señala la unidad adscrita a Anticorrupción, que recuerda que los convenios deben reflejar un "techo máximo" de gasto.

El informe concluye que los 430.000 euros adicionales obtenidos por el patrocinio de empresas privadas deben reducir "necesariamente" el importe comprometido por el Gobierno balear al "no tratarse de una subvención y ser un máximo que garantiza la realización de un evento".

"Entender lo contrario llevaría a un enriquecimiento ilícito por parte del Instituto Nóos, que vería doblemente retribuida una única actividad", concluye el documento.

Indicios de irregularidades en los foros

El fiscal Pedro Horrach refleja en otro documento que Nóos firmó dos convenios con el Gobierno balear en 2005 y 2006 por un total de 2,3 millones de euros, de los cuales 1.386.739 fueron presuntamente desviados a fines particulares.

En cuanto al primero dirigido a poner en marcha el foro sobre turismo y deporte, el Ministerio Público asevera que no consta más que el convenio y el presupuesto aportado por Nóos, de "una sola hoja" en la que se detallan los supuestos costes para desarrollar la cumbre y ejecutar los servicios.

Más allá de esto, no se encontró ni una sola factura que justifique o acredite que el Instituto destinó los 1,2 millones al objeto del convenio suscrito el 17 de julio de 2005 con el Gobierno balear de Jaume Matas.

El segundo convenio estaba destinado a desarrollar un Observatorio Permanente de Turismo y Deporte con sede en Baleares y presupuestado en 1,1 millones. A este respecto, La Fiscalía postula que 396.073 euros no han sido justificados documentalmente; 180.540 se corresponden a facturas que no tienen nada que ver con la pretensión del convenio y 92.800 euros fueron facturados por Diego Torres a través de Nóos Consultoría Estratégica.

El juez instructor José Castro reflejó en un auto los indicios sobre irregularidades cometidas con ocasión de la firma de estos dos convenios de colaboración. Previamente a sus suscripción, Nóos y el Gobierno autonómico ya habían concertado lo que constituía su objeto de manera verbal y "al margen de cualquier procedimiento legal", según el juez.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma destaca que prescindieron de trámites y garantías obligados, que no todos los servicios pactados se prestaron "en la realidad ni la calidad deseable" y que "absolutamente nadie se preocupó de ese control".

"Tampoco se rindieron las cuentas de la aplicación de los fondos recibidos y nadie se tomó la molestia de recabarlas", añade en el auto dictado el pasado 8 de noviembre, en el que concluye que Nóos pudo desviar fondos a Reino Unido y Belice.