El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este jueves el Decreto que fija los precios de los servicios sociales prestados por la Administración autonómica, que entrará en vigor el 1 de marzo y a través del que los usuarios pagarán en función de su capacidad económica y nunca más del 90 por ciento del precio total del servicio.

El texto, que ha sido consensuado con el Cermi y el Consejo Regional de Personas Mayores, establece los precios públicos de los servicios de atención a personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.

En concreto, el Decreto se refiere a las prestaciones de atención residencial —residencias y viviendas—, centros de día —estancias diurnas y centros ocupacionales— y servicio de estancia nocturna.

De este modo, la nueva normativa fija un precio público por día y no por mes, como sucedía hasta ahora, para cada uno de los servicios en función del sector de la población (personas con discapacidad o mayores); del subsector (discapacidad intelectual, discapacidad física, autismo o enfermedad mental); del tipo de centro (residencia, vivienda o centro de día), del tipo de plaza y la modalidad del usuario (grado de asistido o de afectación de la discapacidad y grado de dependencia) y de la cobertura del servicio (días de la semana y del año).

El decreto establece un único sistema de precios, unifica los criterios para el cálculo de la aportación de los servicios de la Ley de Dependencia y del resto de Servicios Sociales y homologa la aportación de los usuarios, el portavoz ha aclarado que los usuarios pagarán dependiendo de su situación económica, por lo que se beneficiarán los usuarios con rentas inferiores.

La capacidad económica se calculará mediante la aplicación de los mismos criterios para todos: teniendo en cuenta la renta y una parte del patrimonio así como la capacidad personal de quien lo recibe y no la renta familiar como se hacía hasta ahora.

Asimismo, se pagará un máximo del 90 por ciento de la prestación, de modo que nadie tendrá que sufragar la totalidad, y se garantiza al usuario una cantidad para gastos personales superior a la actual.

La finalidad de este decreto es ajustarse a los criterios establecidos por acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre la determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de este en las prestaciones del sistema de la Dependencia.