El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha recomendado a la Junta de Andalucía que, de oficio, determine su posible "responsabilidad administrativa" ante los perjuicios sufridos por los administradores de una empresa de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) declarada en concurso de acreedores y posteriormente liquidada al no satisfacer los pagos de una operación crediticia. Y es que sobre esta operación de crédito, los administradores de la empresa aseguran que existe una "carta aval" rubricada por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, quien entonces habría resuelto avalar supuestamente este crédito como consejero del Instituto de Fomento de Andalucía.

Como es sabido, la juez Mercedes Alaya, desde el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso de dichos fondos para subvencionar diversas actuaciones de administraciones públicas. EL '

Fondo de reptiles'

Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis y otros aspectos con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa. En todo esto juega un papel especial el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya.

Pues bien, según figura en una resolución emitida por la oficina de Chamizo y recogida por Europa Press, en 2005 esta institución tramitó una queja promovida por el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan por la situación que atravesaba una empresa de este municipio. Según la queja del Consistorio, entonces gobernado por IU-CA, esta empresa dedicada al cultivo y tratamiento del algodón acudió al área de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía para recabar apoyo financiero y así superar una serie de dificultades económicas.

El supuesto aval del ifa

Fruto de tales contactos, en marzo de 2004 y "con el acuerdo y aval del IFA y la propia Consejería de Trabajo", la empresa firmó varios créditos a muy corto plazo por un importe aproximado de diez millones de euros, dado que "en una segunda etapa, estaba previsto refinanciar a largo plazo todas las deudas, (...) siempre contando con el antedicho aval y colaboración del IFA, ya que las entidades bancarias exigían esta garantía".

No obstante, al afrontar esta "segunda etapa" la deuda "no se recondujo a largo plazo ya que, por razones desconocidas, el IFA nunca hizo frente a los acuerdos alcanzados". Tal extremo derivó en el vencimiento de los créditos y la generación de "grandes intereses" que llevaron a esta empresa a ser declarada en concurso de acreedores y finalmente liquidada. De cualquier modo, mediante esta queja, el Consistorio de Las Cabezas reclamaba el cumplimiento de "los compromisos supuestamente contraídos por el IFA".

La carta de guerrero

En el trámite de esta queja, los representantes de la empresa en cuestión invocaban una "carta aval" emitida el 15 de marzo de 2004 por Francisco Javier Guerrero como consejero del IFA, aunque la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), heredera del antiguo IFA, alegó ante José Chamizo que no existía "ningún compromiso por parte del anterior Instituto de Fomento de Andalucía, ni por parte de la actual Agencia IDEA, de otorgar una ayuda bajo la tipología de aval" a la empresa en cuestión. Alegaba además la Agencia IDEA la "imposibilidad" jurídica y legal de "atender" un aval por la cuantía señalada por la empresa en cuestión, lo que finalmente derivó en el archivo de estas actuaciones por parte de Chamizo.

En abril de 2011, no obstante, los representantes de la empresa interesaron la reapertura de este expediente de queja archivado por el departamento de Chamizo, pues obraba supuestamente en su poder un documento fechado el 31 de enero de 2007 y rubricado por Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo y Seguridad Social. En este documento, Guerrero transmitía a una caja de ahorros un "calendario de pagos" a comenzar en diciembre de 2007 y a razón de 100.000 euros mensuales para "finalizar el problema" de la citada empresa agraria. "A la vista de la crisis planteada en la misma —en alusión a la empresa algodonera—, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, asumió el compromiso de subvencionar el importe de la deuda pendiente con ustedes", reproduce esta resolución del Defensor del Pueblo Andaluz respecto a este documento de Guerrero.

"mera comunicación"

Frente a este documento, la Viceconsejería de Empleo habría alegado ante Chamizo que "este oficio es una mera comunicación, que no forma parte de ningún expediente administrativo de gasto ni tiene el carácter de resolución administrativa vinculante". Dado el caso, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz considera que del mencionado documento de Francisco Javier Guerrero "cabe deducir un reconocimiento formal de la existencia de un compromiso previo de esa Consejería para subvencionar el pago de las deudas pendientes a la entidad financiera", pues Guerrero firma el escrito "en calidad de director general de Trabajo y Seguridad Social de esa Consejería y no a título particular".

"El hecho de que el citado documento no forme parte de ningún expediente administrativo de gasto no implica necesariamente que el mismo no vincule a la Consejería de Empleo", considera José Chamizo, para quien "del incumplimiento de los compromisos asumidos" por Guerrero desde su cargo derivan "una serie de daños y perjuicios (...) que podrían ser susceptibles de indemnización por esa Administración si se acreditase que en los mismos concurren los requisitos exigidos". "De existir dicha responsabilidad patrimonial, esa administración podría venir obligada al pago de una indemnización a las personas promotoras de la presente queja".

Posible "responsabilidad administrativa"

Por eso, Chamizo recomienda "una detenida y rigurosa investigación para comprobar si existe alguna constancia documental en los archivos de la Administración del escrito supuestamente remitido con fecha 15 de marzo de 2004 por Guerrero a diversas entidades financieras cuando ostentaba la responsabilidad del IFA y por el que asumiría un compromiso de aval". Igualmente, el Defensor del Pueblo Andaluz recomienda un procedimiento "de oficio" para determinar "la posible existencia de responsabilidad administrativa en relación con los daños y perjuicios irrogados a las personas promotoras del presente expediente de queja".