El portavoz de Izquierda Unida (IU) en la Comisión de Economía y Empleo de las Cortes de Aragón, Luis Ángel Romero, ha solicitado este martes la comparecencia del recién nombrado consejero de Industria, Arturo Aliaga, para que explique en sede parlamentaria las consecuencias en las comarcas mineras aragonesas de la eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón.

Además, el diputado de IU por Teruel ha registrado una proposición no de ley, para su debate y votación en pleno, relativa a la supresión de estas ayudas, ha informado este grupo parlamentario en un comunicado.

IU ha realizado estas iniciativas tras la aprobación, el pasado 30 de diciembre, por el Consejo de Ministros, de un Real Decreto Ley de medidas urgentes de orden económico y social y de corrección del déficit público.

Entre los "nuevos sacrificios", aparece en el apartado de medidas de reducción del gasto la eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón, que Romero ha calificado de "duro mazazo para la provincial de Teruel", que es una de las beneficiarias del Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 (Plan del Carbón).

Ese plan fue aprobado por el Gobierno del Estado en el marco del proceso de reconversión de la minería del carbón y "que ha representado un impulso relevante al desarrollo económico y social de las comarcas mineras aragonesas", ha remarcado Romero.

Para el diputado de IU, "este hecho supone, por parte del Gobierno estatal, el incumplimiento unilateral del Plan del Carbón, además de recurrir a prácticas poco democráticas al no dar explicación alguna ni a los agentes económicos y sociales, ni a la ciudadanía de los municipios afectados por esta decisión".

Ante el desconocimiento de las infraestructuras afectadas, cantidad económica que suponen y el alcance y repercusión de este acuerdo adoptado, IU ha registrado una proposición no de ley en la exige que las Cortes autonómicas para que el Gobierno de Aragón alcance un acuerdo con el Gobierno del Estado con el objetivo de recuperar la financiación de las infraestructuras aprobadas en compensación del cese de actividad de la minería del carbón.