Así lo ha indicado a Europa Press fuentes de la Delegación Provincial de Salud, en donde se ha especificado que concretamente se trata de 54 partes derivados de una agresión sexual y, al menos, 227 por casos de violencia de género gracias al protocolo de actuación planteado por el Gobierno andaluz en el que además se incluyen acciones formativas entre el personal sanitario orientadas a detectar de forma precoz posibles casos.

En este sentido, la delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Adela Segura, ha explicado a Europa Press que la formación en esta línea a los profesionales de urgencias, atención primaria y especialidades se practica desde hace 15 años, de forma que el personal médico ha adquirido los conocimientos necesarios para abordar los casos de maltrato tanto si la víctima manifiesta su condición como si no.

"En muchas ocasiones la víctima no llega preparada para iniciar el proceso de separación del agresor, por lo que hay que estudiar el índice de peligrosidad al que se enfrenta", explica Segura, quien pese a este aspecto, ha destacado que actualmente existe un "importante grado de formación" que permite establecer pautas para salvaguardar la integridad de las mujeres.

Así, una vez que se activa el protocolo ante la detección de un caso, se pone en marcha una red de derivación de los servicios asistenciales del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en materia de atención psicológica y asesoramiento jurídico, y se traslada también la situación al Servicio Andaluz de Atención a las Víctimas (SAVA) perteneciente a la Consejería de Gobernación y Justicia. Paralelamente, se alerta a la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación de Gobierno para coordinar la atención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Atención al menor

Por otra parte, la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, ha publicado el Protocolo de derivación a los Programas de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de casos de Abusos Sexuales a Menores en Andalucía, con el que se persigue facilitar la labor de los profesionales para que detecten un posible caso de abuso sexual a un menor, pertenecientes a servicios educativos, sanitarios, judiciales, cuerpos y fuerzas de seguridad y servicios sociales.

En el año 2011, 60 menores han precisado ser evaluados y 32 han requerido tratamiento especializado en la Comunidad. Los profesionales pertenecientes a cualquiera de estos ámbitos y que detecten una posibles situación de violencia sexual hacia un menor deben comunicarlo al Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Almería. Es en este Servicio donde a través de convenio con la Fundación Márgenes y Vínculos se presta atención a los menores que ha sido víctimas de violencia sexual y a sus familias.