El Gobierno prevé bajar pronto el déficit en 1 punto con sus ajustes y culpa al Ejecutivo de ZP

Soraya Saénz de Santamaría y los ministros Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y Fátima Báñez.
Soraya Saénz de Santamaría y los ministros Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y Fátima Báñez.
Susana Vera / REUTERS
Soraya Saénz de Santamaría y los ministros Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y Fátima Báñez.

El Gobierno prevé reducir en 1 punto porcentual y con "carácter inmediato" el desequilibrio presupuestario de España mediante las medidas de ajuste aprobadas el viernes, entre las que destacan el aumento del IRPF y del IBI, así como la congelación del sueldo de los funcionarios.

Así se recoge en el preámbulo del real decreto ley con medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que este sábado publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó este viernes que el déficit público estará en el entorno del 8 % del PIB en 2011, dos puntos porcentuales por encima del 6 % comprometido y previsto por el anterior Ejecutivo.

Según el real decreto ley, estas "primeras medidas" suponen una reducción de "carácter inmediato del desequilibrio presupuestario en más de un punto porcentual del producto interior bruto (PIB)". Con estas acciones se pretende garantizar que el sector público español "inicie una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la evolución futura de la deuda y déficit públicos".

El Gobierno se ha visto obligado a tomar medidas de carácter urgente ante la "importante desviación" del saldo presupuestario estimado para el conjunto de las Administraciones Públicas para 2011 respecto al objetivo de estabilidad comprometido, añade el texto.

Sin esta corrección, que inicia un camino de consolidación fiscal que se concretará de forma definitiva en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, no se podrían superar las actuales condiciones de escasez de liquidez que impiden un desarrollo adecuado de la actividad económica, añade el texto.

El real decreto ley que este sábado publica el BOE prorroga hasta marzo los Presupuestos Generales del Estado de 2011 e incluye la congelación del sueldo de los funcionarios, así como la ampliación de la jornada laboral de éstos hasta las 37,5 horas semanales.

También recoge la subida del IRPF durante 2012 y 2013, tanto para las rentas del trabajo (que oscilarán entre el 0,75 % y el 7 %) como para las de capital (entre el 2 % y el 6 %) y el aumento del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que sube entre un 4 % y un 10 % en función del año en que se haya hecho la última revisión del valor catastral. Por el lado de los gastos, el real decreto ley establece la actualización de las pensiones (que suben un 1 %), así como la prórroga por seis meses de la ayuda de 400 euros a los parados sin prestación.

En materia de vivienda, se amplía un año la aplicación de un IVA del 4 % en la compra de viviendas nuevas y se recupera la desgravación en el IRPF por la adquisición de la habitual (con una deducción del 7,5 % sobre un máximo de 9.040 euros al año).

Sin embargo, no habrá nuevos beneficiarios para la ayuda al alquiler para jóvenes de 210 euros, que se mantendrá sólo para quienes ya la cobran.

La normativa introduce modificaciones en el pago fraccionado y en las retenciones del Impuesto de Sociedades y en el cálculo de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico. Por otra parte, el BOE publica un real decreto que recoge la congelación del Salario Mínimo Interprofesional en 641,4 euros mensuales.

Además, el boletín recoge la congelación durante el primer trimestre de 2012 de la tarifa de último recurso eléctrica y la subida de la del gas natural en una media del 0,5 %.

Báñez culpa al Gobierno de ZP

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha justificado este sábado las medidas aprobadas por su Gobierno y ha aseverado que "nos han dejado un país en la ruina económica y social". Durante su intervención en la Ejecutiva Provincial del PP de Huelva, Báñez se ha referido a la primera semana del Gobierno y ha destacado que el Ejecutivo se ha encontrado "una situación mucho más difícil de la esperada" algo que "nos ha llenado de responsabilidad y mayor compromiso".

La ministra ha garantizado que el PP está "para cambiar las cosas, para poner en marcha la España del futuro" y ha asegurado que "los más débiles no deben de temer nada de manos de un Gobierno del PP".

En este sentido la titular de Empleo ha dicho que con las medidas aprobadas se ha perseguido que "los más débiles y vulnerables no paguen los esfuerzos de la salida de crisis".

"Los pensionistas y los parados son la prioridad absoluta del Gobierno de Rajoy", ha precisado Báñez, quien ha apuntado que es un Gobierno que se ha acordado de los jóvenes y las clases medias, recuperando la deducción por vivienda o manteniendo la reducción del IVA al 4%, y de los inmigrantes, prorrogando los 16 millones de euros de ayudas a organizaciones que prestan ayuda humanitaria a las personas que llegan a las costas españolas. Se ha referido al recorte del gasto público en 8.900 millones o la reducción de cargos públicos o asignaciones, y ha señalado que son medidas para "poner a este país en la senda del crecimiento económico y de la creación de empleo" y ha añadido que "es una situación difícil y excepcional que requiere medidas excepcionales".

Báñez ha apuntado que la medida "más difícil" ha sido la subida de impuestos, justificada en que el nivel de déficit es del 8 por ciento y no del 6 como se esperaba. En este sentido, ha hecho referencia al recargo temporal de solidaridad, una medida "equitativa y justa porque creemos que hay que tener en cuenta la capacidad adquisitiva de la gente", y a la subida del IBI, dos medidas que además permitirán que ayuntamientos y comunidades autónomas cuenten con más recursos.

La ministra de Empleo ha indicado que tras el plan de medidas vendrán reformas como la de las administraciones públicas, la de la reestructuración del sistema financiero o la reforma laboral. Con respecto a esta última, ha confiado en la responsabilidad de los agentes sociales para que estén "a la altura de las circunstancias y sean participes con su apoyo de la salida de la crisis".

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