El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes, en su última reunión del año, el decreto regulador del Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA), que la Junta presta desde 1998 de acuerdo con la Ley de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual.

Andalucía se convierte así en la primera comunidad que da cobertura normativa a esta competencia, inicialmente desarrollada por la Administración central en las áreas de Justicia e Interior.

Asimismo, el decreto responde al aumento cualitativo y cuantitativo registrado por el servicio, que actualmente supera la media anual de 10.000 personas atendidas, entre las que destacan las mujeres víctimas de malos tratos.

Entre otras disposiciones, la regulación aprobada incluye la creación del Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas en Andalucía, órgano consultivo que, entre otras funciones, se encargará de asesorar a los organismos e instituciones públicas o privadas vinculadas a este ámbito.

El nuevo Consejo estará presidido por la persona titular de la dirección general de la Junta competente en la materia e integrado por diez representantes de la Administración autonómica, tres de los equipos técnicos de los SAVA y uno del Ministerio Fiscal, así como un magistrado y un vocal del Cuerpo de Secretarios Judiciales designados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El SAVA, adscrito a la Consejería de Gobernación y Justicia, es un servicio directo, público, gratuito y multidisciplinar al que puede acudir cualquier persona que haya sufrido un percance motivado por actos ilícitos para recibir tanto asistencia jurídica como apoyo psicológico y social.

Su estructura se organiza en nueve servicios ubicados en dependencias judiciales de las ocho provincias andaluzas y del Campo de Gibraltar. Cada uno de ellos cuenta con una plantilla de cuatro profesionales con formación especializada en atención y asistencia a víctimas: dos juristas, un psicólogo y un trabajador social.

Las personas usuarias acceden al servicio tras ser derivadas, en su mayor parte, desde instancias judiciales y por los cuerpos de seguridad. En este sentido, el SAVA actúa en coordinación con los diferentes agentes que intervienen cuando se denuncia un hecho delictivo, además de informar y asesorar a las víctimas sobre la tramitación de denuncias y sus derechos.

De igual modo se encarga de acompañarlas a los juicios y gestionar la asistencia en casas de acogida cuando se trata de mujeres víctimas de violencia de género. Durante la última legislatura y hasta la fecha, más de 46.000 personas han sido atendidas.