La organización ecologista Greenpeace ha anunciado a Europa Press que recurrirá por vía judicial la decisión de llevar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad a Villar de Cañas (Cuenca) —que podría tomar este viernes el Consejo de Ministros— porque se trataría de "una cacicada", ya que, en su opinión, esta opción sería "política y no técnica".

Así, el portavoz de energía y cambio climático de Greenpeace, Carlos Bravo ha subrayado que el candidato conquense no sacó el primer puesto en la valoración basada en criterios técnicos que realizó la comisión ministerial ad hoc, la cual, en su momento "también manipuló" los parámetros técnicos para situar en primer lugar a Zarra (Valencia) por delante de Ascó que "sin esa manipulación habría sido el primero". "Zarra no era el primero, pero Villar de Cañas lo es menos, con el cuarto puesto", ha apostillado.

En todo caso, Bravo ha indicado que ahora el ministro de Industria, Energía y Comercio, José Manuel Soria, tendrá que explicar los criterios que ha seguido porque si es una decisión política "es una cacicada que se debe a que (la presidenta de Castilla-La Mancha) María Dolores de Cospedal ha aceptado".

"No estamos para cacicadas y más cuando el ATC supondría un error desde el punto de vista medioambiental y económico en medio de la crisis", ha insistido el representante de Greenpeace que exige al Gobierno que explique los criterios porque ha advertido de que si la decisión no es legal se enfrentará a un conjunto de recursos, entre los que en todo caso estarán los de Greenpeace porque "no se ajusta a derecho".

Mejor construir atis

Por otro lado, sobre la instalación, Bravo asegura que construir un ATC es una decisión "errónea" desde los puntos de vista social, medioambiental y económico, al tiempo que ha señalado su preferencia por almacenes temporales individualizados (ATI) como los que ya existen en José Cabrera y Trillo (en Guadalajara) o como el que se está construyendo en Ascó (Tarragona).

En este sentido, ha precisado que el ATC supone hacer entre 600 y 1.000 transportes de residuos radiactivos de alta actividad desde toda España a Villar de Cañas, lo que supone un "riesgo enorme de accidentes" así como de sufrir ataques terroristas, ya que los traslados deben hacerse muy lentos, por lo que son "objetivos fáciles".

Además, considera que desde el punto de vista de la seguridad "es de lo más peligroso que hay" porque los residuos deben someterse a varios procesos y manipulaciones.

Asimismo, ha detallado que el coste del ATC asciende a entre 700 y 1.000 en la construcción, a lo que hay que sumarle el coste de operación y el "elevado" coste de los traslados de residuos, que tienen que ir con protección policial o militar, lo que, según Bravo, elevaría el coste de la gestión de los residuos de alta actividad del parque nuclear español hasta los 2.000 millones.

Por el contrario, ha destacado que la construcción de un ATI cuesta entre 25 y 50 millones de euros y que "solo" faltarían ATIS para Santa María de Garoña (Burgos), Almaraz (Cáceres) y Vandellós (Tarragona), que sumarían entre 150 y 200 millones. "Realmente en esta época de crisis sería mejor apostar por la opción más segura y que, además, es la más barata", ha concluido.