La sentencia de sala segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que absuelve a la exconcejal de Consumo de Oviedo, Conchita García, y al exdirector de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Oviedo, Alejandro Álvarez, de un delito de prevaricación argumenta que en sus actuaciones no hubo del "dolo propio del delito". Además, pone el acento en la "limitación de medios" que tenía la OMIC.

Esa falta de personal "permite comprender" que no todos los expedientes que llegaban a la oficina podían ser "abarcables", por lo que el tribunal considera que hay dudas sobre si hubo intención.

Frente a las acusaciones del fiscal y de la acusación particular, que entendían que los acusados actuaban y archivaban los expedientes a sabiendas, el juez rechaza ese argumento porque además considera que los argumentos que se utilizaron para dejar de actuar en los casos "tampoco parecen excéntricos".

Recuerdan así en la sentencia que una funcionaria que actuó como testigo dijo que en más del 90 por ciento las reclamaciones eran "muy poca cosa" y que en otros casos, de mayor trascendencia, la falta de actuación se basaba en "la falta de competencia del órgano administrativo administrativo o la prevalencia de la vía jurisdiccional para satisfacer los intereses de los ciudadanos".

La sentencia absolutorio añade que la oficina tiene reconocido un "margen de discrecionalidad" para evaluar para caso y para decidir si incoa el expediente, y que las omisiones detectadas pueden ser como mucho meras irregularidades, que no tienen entidad delictiva.

"La oficina municipal, aunque no fuese un ejemplo de gestión en los casos enjuiciados, tampoco se desenvolvía en una especie de abulia generalizada, pues pese a estar servida únicamente por el acusado que era su director, y una funcionaria auxiliar administrativa, en el periodo acotado por las acusaciones llegó a desarrollar actividad" con un "funcionamiento regular y con parámetros aparentamente aceptables".