Los 87.000 empleados públicos de la Junta de Castilla y León deberán trabajar 2,5 horas más a la semana y verán congeladas sus retribuciones en 2012, ha informado este jueves el presidente de la Comunidad Autónoma, Juan Vicente Herrera, que ha llamado a este colectivo y a la sociedad a realizar "esfuerzos".

Frente a la actual jornada laboral de 35 horas semanales, la nueva jornada, aprobada este jueves por el Gobierno regional, será de 37,5 horas, ha explicado en una conferencia de prensa Herrera, quien no obstante ha añadido que esta y otras medidas se intentarán pactar con los sindicatos representativos del colectivo de funcionarios.

La Junta de Castilla y León ha realizado este anuncio en el marco de un Consejo de Gobierno en el que han visto la luz el decreto de prórroga de los presupuestos de 2011, el proyecto de ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria -techo de gasto-, el anteproyecto de ley de Medidas Financieras y el Plan de Racionalización del Gasto Corriente.

Herrera ha defendido la aplicación de estas medidas vinculadas a los funcionarios para lograr los objetivos de déficit marcados, garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales "con calidad y equidad", asegurar la "sostenibilidad" del sistema de prestaciones autonómico y contribuir a la recuperación económica y la generación de empleo.

Otra de las ideas de la Administración autonómica para reducir el gasto asociado a la actividad de los funcionarios es flexibilizar sus horarios, promover acciones de ahorro energético y rebajar el coste de los servicios asociados a la seguridad y la limpieza, aunque Herrera ha asegurado que los hospitales no estarán menos limpios que ahora.

La Junta de Castilla y León se ha propuesto también, y así se lo comunicará a los sindicatos, "intensificar el control del absentismo laboral" de los funcionarios por la vía de una nueva regulación que limite la aportación económica de la Administración cuando un trabajador esté de baja por incapacidad temporal. "Parece razonable", ha asegurado Herrera.

Estas medidas, incluidas en el Plan de Racionalización del Gasto Corriente que prevé también la disminución de liberados sindicales al pasar de los 950 actuales a 658 -ya anunciada-, supondrán un ahorro de 136 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, quien prevé adecuar estas mismas condiciones laborales a sus empresas públicas.

Además, la Junta de Castilla y León cobrará a partir de 2012 el denominado 'céntimo sanitario', a razón de 4,8 céntimos por litro de combustible repostado en esta Comunidad, para financiar la prestación del servicio público de sanidad y lograr 140 millones de euros al año, según sus primeras estimaciones.

El denominado 'céntimo sanitario' es un impuesto indirecto estatal creado en enero de 2002 -excepto en Canarias, Ceuta y Melilla- que se cedió a las comunidades autónomas y que la Junta de Castilla y León en aquel momento decidió no utilizar, pero que ahora ha incluido en el anteproyecto de ley de Medidas Financieras para 2012.

Con esta decisión, la Administración autonómica ha optado por "el tipo máximo autorizado", que es exactamente de 4,8 céntimos por litro de combustible, porque "hay un problema objetivo en la financiación de la sanidad" que es preciso corregir, en palabras del presidente autonómico. Quedarán exentos de este impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos los denominados gasóleos profesionales, vinculados a la puesta en funcionamiento de calefacciones y el usado por los agricultores.

Además de esta novedad introducida en el apartado de los tributos cedidos por el Estado, la Junta de Castilla y León ha anunciado que inaugura su 'casillero' de impuestos autonómicos -era la única autonomía que carecía de ellos- con la creación de dos vinculados a la protección del medioambiente.

En el primer caso, se trata de la 'ecotasa' que anunció hace más de un año el propio Herrera y que se concreta ahora con la intención de recaudar de las compañías eléctricas 60 millones de euros para reparar el "daño medioambiental" que generan los aprovechamientos de agua embalsada, los parques eólicos y las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

El otro impuesto medioambiental que ha visto la luz es el que gravará la eliminación de residuos en vertederos, con el que la Junta espera recaudar 12 millones de euros al año y que destinará a financiar actuaciones medioambientales realizadas por los entes locales.

Estos tres nuevos gravámenes supondrán para las arcas de la Comunidad de un ingreso total de 212 millones de euros, a los que habrá que sumar los 39 millones de euros que espera recaudar la Junta por la vía del recuperado para 2011 y 2012 Impuesto de Patrimonio, al que "no va a renunciar la Comunidad", ha dicho Herrera.