Ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat valenciana han explicado ante el tribunal del jurado que juzga al expresidente del Consell Francisco Camps y al ex secretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, por un delito de cohecho pasivo impropio, que no dependían "directamente" de Camps para adjudicar contratos, pero uno de ellos sí que ha explicado que para otorgar actos de promoción institucional necesitaban una autorización previa por parte de Presidencia.

En total, en la decimocuarta jornada del juicio han prestado declaración cinco testigos propuestos por Javier Boix, abogado de Camps. Este mismo letrado ha renunciado a la declaración de otras cinco personas, entre ellas la de José Manuel Vidal. En la vista de este jueves no han faltado las ya conocidas preguntas "impertinentes" —tal y como las describe el magistrado presidente, Juan Climent— formuladas por los letrados de las defensas.

Así, el abogado de Camps ha preguntado a todos los testigos: '¿refirió algún comentario de algún funcionario o subsecretario en el sentido de que Orange Market les parecía una buena empresa y le hacían hincapié en que se contratara?', cuestión que Climent ha inadmitido pese a que "se haya reformulado la pregunta" al estimar que no atañe al objeto del proceso puesto que a los acusados "no se les atribuye nada respecto a contratos específicos". Seguidamente ha formulado otra pregunta también declarada "impertinente": '¿le llegó alguna influencia o presión por parte de Camps o de manera indirecta para que se hiciera un contrato menor a Orange?'.

Por su parte, el letrado de Costa también ha preguntado a todos los testigos otra cuestión declarada "impertinente": '¿Tenía Costa alguna influencia para contratar con Orange Market, Álvaro Pérez, Pablo Crespo o Francisco Correa?'. Tras inadmitirla, este letrado ha vuelto a dejar constancia de su protesta, lo que ha sacado la sonrisa de los acusados.

En general, los testigos que han prestado declaración este jueves han coincidido en señalar en que no dependía directamente de Camps para tomar decisiones, sino de subsecretarios o de sus consellers. No obstante, uno de ellos, Carlos de la Fuente, quien fue secretario general administrativo desde diciembre de 2005 hasta agosto de 2006, ha explicado, a preguntas del letrado de la acusación popular (PSPV), Virgilio Latorre, que la adjudicación de cualquier acto de promoción institucional o de difusión necesitaba la autorización preceptiva del gabinete de Presidencia.

De la Fuente ha señalado que él presidió una mesa de contratación en la que se otorgó a Orange Market, por valor de un millón de euros, un paquete de Fitur y otras ferias: la de Berlín, la de la Comunidad, la de Valladolid y una de Barcelona. En relación a Fitur, ha concretado que se adjudicaron a esta entidad los actos de diseño y montaje de todo el pabellón de la autonomía. Ha dicho que cree recordar que para esta adjudicación concurrieron dos empresas, y que a ambas se le exigieron los mismos requisitos. Sin embargo, el abogado del PSPV le ha preguntado por si no recuerda si a la otra empresa que no era Orange Market también se le pidió una cualificación técnica, algo que ha asegurado desconocer.

Este mismo testigo ha coincidido con el resto en afirmar que "nadie" le hizo ninguna manifestación favorable hacia la empresa Orange Market, puesto que ésta "era una más"; ha aseverado que las adjudicaciones se regían por criterios técnicos y económicos; y ha dicho que no conocía a Álvaro Pérez y tampoco sabía que los acusados hubieran recibido algún tipo de regalo. También ha agregado que su conselleria no dependía ni de Costa ni del PPCV.

En esta línea, Agustina Sanjuan, quien fue secretaria general administrativa de la Conselleria de Territorio en 2005 y luego pasó a la Conselleria de Sanidad en 2007, ha indicado que intervino en la adjudicación de un contrato menor —de menos de 12.000 euros— a Orange Market en el año 2005, relacionado con el diseño, proyecto y dirección del stand de la primera conselleria en Fitur.

Sobre el mismo, el abogado del PSPV le ha indicado que según consta en su documentación, su departamento contrató con Boomerang Drive la construcción del stand -diseño y proyecto—, y luego con Orange la supervisión y asistencia técnica. Así, le ha preguntado si para ella eran lo mismo las dos empresas, a lo que ha respondido que no conocía ninguna de las dos.

Luego Latorre le ha dicho que le constaba la adjudicación de un contrato a Real Green para la impresión de la cartelería; y a Consulting para la dirección y proyecto del stand; y luego a la misma entidad para la iluminación e instalación eléctrica. Pero ella no recordaba haber contratado con estas empresas del grupo Correa.

Más contratos

Por su parte, Pedro Hidalgo, quien fue director general de Interior en la anterior legislatura, ha explicado que hizo un contrato con Orange Market, por unos 8.000 euros con motivo de las elecciones de 2007, para montar unas pantallas de información en la Ciudad de la Justicia. Pese a que él solo recordaba éste, Latorre le ha recordado otro contrato por valor de 11.000 euros sobre montaje y desmontaje.

Por otro lado, Enrique Moreno, quien fue secretario general administrativo de la Conselleria de Turismo desde septiembre de 2006 hasta el mismo mes de 2009, ha indicado que ocupó la presidencia de la mesa cuando se contrató a Orange Market para Fitur, en base a unos informes técnicos en los que se valoraba la creatividad, la originalidad y también la oferta económica.

Estos textos fueron realizados por técnicos, algunos de ellos -tal y como ha dicho a preguntas de Latorre— imputados en la causa de financiación del 'caso Gürtel' que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Por último, Margarita Vilarrasa, que fue jefa de servicio de asuntos generales y personal de la Conselleria de Turismo desde 2005 hasta septiembre de 2011, ha corroborado que a Orange se le adjudicaron durante varios años el montaje y desmontaje del pabellón de la Comunidad en Fitur, además de otras ferias.