El Consejo Económico y Social (CES) y el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha quedan este jueves suprimidos de forma definitiva.

Este jueves entran en vigor las leyes que, con los votos del PP y la oposición del PSOE, aprobaron las Cortes de Castilla-La Mancha para permitir la desaparición de ambas instituciones.

Fueron las dos primeras leyes aprobadas por el Parlamento castellanomanchego desde que María Dolores de Cospedal ganó las elecciones el pasado 22 de mayo y dieron cumplimiento a un compromiso programático de la actual presidenta regional.

El Gobierno castellanomanchego justificó la supresión de ambas instituciones en la austeridad necesaria por la grave situación financiera de la región y cifró en 3 millones de euros al año el dinero que se ahorrará gracias a esta medida.

El Ejecutivo considera que las funciones encomendadas al Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha pueden ser plenamente asumidas a través de otros mecanismos que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos en la toma de decisiones, como el Observatorio Regional de Mercado.

El CES es un organismo consultivo que comenzó a funcionar en 1997 y en el que estaban representados empresarios, sindicatos y organizaciones e instituciones representativas de la sociedad civil.

Su presidente, Juan Antonio Mata, se despidió esta semana de los medios de comunicación "triste y dolido", con la convicción de que "el diálogo social se denigra y se desprecia" con la desaparición de la institución.

En el caso del Defensor del Pueblo, vigente desde 2002, la ley aprobada sostiene que "en ningún caso supondrá una merma de los derechos de los ciudadanos, por poder estos acudir siempre al Defensor del Pueblo estatal".

El actual Defensor, José Manuel Martínez Cenzano, se despidió "con la cabeza muy alta", agradecido a su equipo y haciendo gala de un trabajo "comprometido con la realidad, sin pereza, y con una enorme neutralidad".

El Gobierno regional ha anunciado su intención de subastar la sede que ocupa el CES en Toledo y la del Defensor del Pueblo en la Casa Perona de Albacete.