El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, cree que la nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre el vertido tóxico producido en 1998 por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar (Sevilla), que exime a la Junta de Andalucía de responsabilidad patrimonial alguna y señala a Boliden Apirsa S.L. "el deber de mantener la balsa en las adecuadas condiciones de seguridad", confirma que la Administración andaluza "lleva razón" y que "quien contamina paga".

En referencia a la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) que eximido a la Junta de Andalucía de responsabilidad patrimonial alguna en el vertido tóxico producido en 1998 por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, señalando en este sentido que a Boliden Apirsa S.L. "le era exigible, como titular de la explotación minera, el deber de mantener la balsa en las adecuadas condiciones de seguridad, y la omisión de ese deber comporta ese elemento de culpabilidad que la Administración ha tenido en cuenta al dictar el acuerdo de que trae causa este proceso"; Díaz Trillo ha señalado que el TS confirma que "en el fondo llevamos razón y quien contamina paga".

Además, según ha afirmado el consejero en declaraciones a los medios tras la presentación en Sevilla del Ecobarómetro de Andalucía 2011, la sentencia "deja meridianamente claro quienes tienen la responsabilidad de aquel vertido" y ha mostrado su confianza en que también "a través de la acción judicial acaben pagando aquello que nos deben a los andaluces", en referencia a la empresa.

En la sentencia el Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación interpuesto por Explotaciones Casa Quemada S.A. y Herrería La Mayor S.A. contra la sentencia dictada el 23 de julio de 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que desestimó la pretensión de los recurrentes en cuanto a la posible responsabilidad patrimonial de la Junta en la rotura de la balsa minera, que supuestamente provocó daños en la finca donde se asentaban ambas entidades.

En este sentido, Díaz Trillo ha apuntado que esta sentencia, al contrario de las que se han conocido con anterioridad, es "de fondo", pues el TS da la razón al TSJA y señala "quienes son los responsables del vertido y no ha lugar a que la Junta asuma al responsabilidad".

Por otro lado, el consejero, con respecto a las sentencias del TS en las que rechaza la reclamación por parte de la Junta de Andalucía de 89,9 millones de euros a Boliden por el vertido tóxico producido por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, ha asegurado que éstas reiteran que "lo que ha existido es un problema de forma por el camino que tomó la Junta para reclamar lo que entendemos que es de los andaluces".

La nueva sentencia del Supremo, según Díaz Trillo, es "una cuestión de fondo y en el fondo las tesis de la Junta llevan razón, esto es, quien contamina paga". "Más allá del camino que tomemos a partir de ahora, espero que finalmente se cumpla lo lógico", ha expresado.