Familia ha destinado 27,73 millones a la Renta Garantizada de Ciudadanía de la que se han beneficiado 6.426 personas

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destinado este año un total de 27,73 millones de euros al pago de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), un derecho subjetivo para los ciudadanos de Castilla y León en riesgo de exclusión social que se puso en marcha a principios de 2011 y del que se han beneficiado un total de 6.426 personas, el 41,5 por ciento del total de las solicitudes resueltas (15.483).
La Consejera De Familia E Igualdad De Oportunidades, Milagros Marcos.
La Consejera De Familia E Igualdad De Oportunidades, Milagros Marcos.
EUROPA PRESS
La Consejera De Familia E Igualdad De Oportunidades, Milagros Marcos.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destinado este año un total de 27,73 millones de euros al pago de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), un derecho subjetivo para los ciudadanos de Castilla y León en riesgo de exclusión social que se puso en marcha a principios de 2011 y del que se han beneficiado un total de 6.426 personas, el 41,5 por ciento del total de las solicitudes resueltas (15.483).

Así lo ha anunciado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, tras la reunión este miércoles de la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía en la que se han analizado los doce meses de esta nueva prestación, "el último peldaño de protección social" para el que han pedido información un total de 82.523 castellanoleoneses.

Milagros Marcos ha hecho especial hincapié en el "rigor" con el que se ha aplicado y concedido esta percepción que, según ha recordado, es un "derecho con obligaciones" ya que los beneficiarios deben formar parte de un programa de inserción con el objetivo de que "más pronto que tarde" puedan salir de la situación de exclusión social. Según sus datos, un total de 1.144 perceptores de la RGC han dejado de percibir la ayuda tras encontrar un trabajo.

"Trabajamos para atender a todos lo que lo necesiten", ha aseverado Marcos, quien, tras recordar que este año se han destinado 730.000 euros más de lo previsto inicialmente al pago de la RGC, ha apelado a la flexibilidad de un "crédito ampliable" si bien ha admitido que todos tendrán que aportar su granito de arena en pro de las familias de Castilla y León que más lo necesitan.

Según sus datos, el perfil del perceptor de la RGC corresponde mayoritariamente a una mujer que vive en el medio urbano de entre de 25 y 45 años con cargas familiares, en especial con hijos menores de edad, y de nacionalidad española, aunque se ha detectado un aumento de los perceptores del medio rural tras la vuelta de la ciudad a los pueblos de algunas familias.

Marcos ha recordado también que la RGC no sólo beneficia a las personas que han presentado la solicitud sino a toda la unidad familiar por lo que ha cifrado en 15.480 los castellanoleoneses que han visto cubiertas las necesidades básicas de subsistencia con un promedio de 2,41 beneficiarios por cada unidad familiar. REQUISITOS

La consejera ha explicado que antes de que pueda dictarse la resolución final, los profesionales de los Servicios Sociales (127 en 2011) deben grabar la solicitud, cruzar los datos aportados por los solicitantes con las bases de datos de distintos organismos, evaluar los ingresos y patrimonio del demandante y de la unidad familiar, y elaborar los pertinentes informes sociales. Según sus datos, la Consejería de Familia ha resuelto en este periodo el 85,61 por ciento de las solicitudes presentadas, en total 15.483.

Las 2.603 solicitudes restantes se encuentran en las distintas fases de tramitación previstas en el procedimiento, según ha explicado la consejera. De esta forma, 1.044 (el 40 por ciento) están pendientes de que los solicitantes subsanen errores debido a que la documentación presentada no era correcta o estaba incompleta. Otras 910 (35 por ciento) están en fase de tramitación de la resolución final (propuestas de resolución, fiscalización), mientras que en 388 casos se está realizando el informe social y en otros 261 valorando su capacidad económica.

Todas ellas, en cualquier caso, "están en plazo", según ha confirmado la consejera, quien ha precisado que el compromiso de resolver en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud "se está cumpliendo".

Según los datos facilitados por la Consejería, otros 9.057 solicitantes no reunían todos los requisitos establecidos en la Ley, por lo que su solicitud ha sido denegada. De hecho, un 53 por ciento incumplía los requisitos, ya sea por contar con ingresos, no estar empadronado, no tener escolarizados a sus hijos, no estar inscrito como demandante de empleo o no firmar el Proyecto Individualizado de Inserción.

Otro 26 por ciento de los solicitantes desistió de continuar con el proceso al pedirles que subsanaran su documentación y al 21 por ciento restante fue imposible localizarlo en su domicilio, ni siquiera a través del Boletín Oficial de Castilla y León. Los que sí se han convertido en nuevos perceptores han recibido, de media, una nómina de 537 euros mensuales.

CUANTÍA

La consejera de Familia ha recordado que la cuantía de esta prestación es el 80 por ciento del IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples), fijado en 2011 en 426 euros, cuando la unidad familiar tan sólo está formada por una persona. Esta cuantía puede verse incrementada hasta el 130 por ciento del IPREM (692 euros) en función del número de miembros de la unidad familiar o de convivencia; un tope al que llegan los hogares compuestos por cinco o más miembros.

Por su parte, las representantes de CC.OO y UGT en la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía, Bernarda García y Soledad Trigueros, respectivamente, han aplaudido la puesta en marcha de esta nueva percepción "tras una larga negociación" y la estabilidad conseguida en estos doce meses en marcha "con suficiente ritmo de celeridad en las resoluciones" aunque han admitido que "quieren más", máxime ante el elevado número, a su juicio, de denegaciones que "hay que analizar".

García ha apostado en concreto por revisar algunos requisitos técnicos para poder acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía, un asunto que se llevará a la próxima Comisión de Seguimiento prevista reglamentariamente para dentro de seis meses.

Por su parte, Soledad Trigueros ha planteado analizar el "gran desfase" entre las consultas y las concesiones finales de la percepción y ahondar en el planteamiento de los proyectos individuales de inserción ante las "ciertas dificultades" para algunos beneficiarios que no saben ni leer ni escribir y que necesitan una formación reglada.

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