El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la modificación del decreto regulador del Consejo Andaluz de Formación Profesional con el fin de adaptar su estructura y sus funciones a la nueva organización de estas enseñanzas en la comunidad autónoma, que establece un modelo más flexible y ajustado a las demandas de las empresas.

Respecto a las funciones, el Consejo asumirá dos nuevas: el seguimiento y evaluación de los planes de Formación Profesional y la elaboración de una memoria anual de actividades. Estas atribuciones se añaden a las que el órgano consultivo desarrolla desde su creación en 1994, relativas principalmente a la elaboración de propuestas y recomendaciones y la coordinación con las políticas estatales y europeas.

La estructura del Consejo mantiene su actual distribución tripartita (8 vocales de la Junta, 8 de las organizaciones sindicales y 8 de las empresariales), pero ajusta la representación de la Administración autonómica a su actual reparto competencial en materia de FP e introduce el requisito de la paridad entre hombres y mujeres.

Finalmente, para potenciar la participación del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales como instrumento de apoyo al Consejo, se establece que la secretaría será ocupada por la persona titular este organismo.