El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha opinado este martes que es "un mito" que medidas como "el endurecimiento de la legislación, la defensa de la criminalización de conductas, el agravamiento de las sanciones o la rebaja de la edad penal" sirvan para "resolver el problema de la delincuencia juvenil".

Frente a ello, en comisión parlamentaria para presentar la Memoria del organismo que dirige correspondiente a 2010, Varela ha subrayado que existen medidas socio-educativas que permiten "excelentes índices de recuperación" incluso en adolescentes mayores de 16 años y autores de infracciones graves.

De cualquier modo, en lo relativo a los delitos cometidos por menores, se ha mostrado partidario de "distinguir" los que "son resultado de la frustración, del comportamiento rebelde y de la afirmación identitaria" de aquellos que "pueden implicar violencia instrumental pero que buscan primordialmente obtener beneficios materiales por medio de robos o hurtos".

En el caso de Galicia, ha puntualizado que "la mayoría" de los comportamientos delictuosos registrados "pueden corregirse dando prioridad a acciones pedagógicas e inclusivas", tales como la conciliación, la prestación de servicios a la comunidad y la libertad asistida. Su objetivo es, en palabras del fiscal, "romper el ciclo casi fatalista de desarrollo de personalidades delincuentes". DATOS

Durante el pasado año 2010, un total de 1.321 menores fueron llevados a juicio en Galicia (supone un aumento del 12,62%). El número total de delitos incoados fue de 3.676 (una caída del 10,36%) y el número de sentencias dictadas llegó a 901 (un 8,95% más que en 2009).

Los delitos más representativos fueron contra el patrimonio, en un 36,59 por ciento de los casos, en los que predomina el robo con fuerza, seguido de daños y hurtos. En segundo lugar, un 26,33 por ciento de las veces, fueron por lesiones; mientras que un 4,4 por ciento del total fueron delitos contra la seguridad vial.

A lo largo del pasado año también hubo un total de 265 soluciones extraprocesales por conciliación o reparación del daño, de modo que aumentaron un 6,89 por ciento. Esta solución, además, representó más del 15 por ciento del número de expedientes tramitados (1.740).

Por su parte, la mediación intrajudicial para asuntos de familia en la jurisdicción de Santiago registra "un aumento constante" y los porcentajes de acuerdo superan el 55 por ciento. "Sería muy deseable seguir invirtiendo en ello", ha pedido Varela, para demandar un convenio por "dos o tres años" para dotar al servicio de mayor horario y estabilidad.

Visión de los grupos

La primera diputada en intervenir en la comisión fue la nacionalista Tareixa Paz, quien ha hecho "votos" por que "la ola de recortes no se lleve por delante" medidas educativas iniciadas en el ámbito de la justicia de menores y ha expresado su coincidencia con el fiscal en el rechazo al aumento de penas. "Hay que seguir profundizando en las soluciones extrajudiciales y perseguir la reeducación para la reinserción", ha defendido.

También ha seguido esta argumentación la representante socialista en el debate, Beatriz Sestayo, quien ha manifestado su "miedo" por la política que llevará a cabo el nuevo Gobierno central y ha reclamado una Ley de Mediación tanto para los menores como para la resolución de conflictos en el ámbito familiar, cuestión en la que también hizo hincapié la nacionalista.

En cambio, la parlamentaria del PP Paula Prado ha señalado que "la legislación punitiva, a veces, tiene efectos positivos", como los que ha atribuido al carné por puntos en el descenso del número de positivos al volante. En todo caso, se ha mostrado favorable a que la cárcel pueda ser sustituida por otras medidas a fin de alejarse de lo que ha definido como "la universidad de la delincuencia".

Códice calixtino

En otro orden de cosas, en lo que atañe a la seguridad del patrimonio cultural gallego —entre un 70 y un 80 por ciento es de carácter religioso—, Carlos Varela ha defendido la importancia de diseñar un manual de "buenas prácticas" en términos de seguridad para las iglesias.

Ello porque, si bien la "crisis" en este ámbito estalla con la desaparición del Códice Calixtino que custodiaba la Catedral de Santiago, en los templos del ámbito rural se producen "saqueos de forma permanente", ha explicado el fiscal.

Incendios y furtivismo

En el ámbito de los incendios forestales, la fiscalía tramitó 59 diligencias de investigación penal y se dictaron 39 sentencias, de las que 32 fueron condenatorias. En lo que va de año, un total de 155 personas han sido detenidas. En cuanto a su perfil, el fiscal ha rechazado que existan "tramas organizadas, economía del fuego o intereses urbanísticos".

La Memoria del pasado año también incluye un estudio sobre el furtivismo y que ofrece diferentes respuestas sancionadoras, en función del perfil del delincuente. Así, distingue entre el furtivismo "profesional", el "legal" —mariscadores que capturan más de lo debido— y otros "de menor entidad", como el "doméstico" —personas que viven en pueblos costeros—, el "vacacional" y el que practican personas con necesidades económicas, entre otros.

Además, Carlos Varela ha indicado que se hizo una encuesta anónima a 80 guardacostas y que coinciden en la necesidad de buscar una mayor coordinación entre todos los medios existentes.

Violencia de género

En cuanto a la violencia de género, el fiscal ha detallado que se registraron en 2010 un total de 7.550 procedimientos en el sistema penal, de los que un 28 por ciento se sustanciaron en juicios rápidos.

El delito más frecuente fue el maltrato ocasional (67%), seguido del habitual (11%) y los de amenazas y coacciones (8%). Fueron solicitadas 1.342 órdenes de protección, de las que fueron concedidas un 61 por ciento.

Actualmente, según ha señalado, la Fiscalía está trabajando con el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en el diagnóstico de "situaciones de riesgo" a través de, entre otras cosas, entrevistas a agresores en casos donde ya existe denuncia y posibilidad de reincidencia.