El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha propuesto este martes la redacción de "un plan de gestión de riesgos de corrupción e infracciones conexas" —soborno, abuso de poder, tráfico de influencias— en las administraciones públicas, dado que las prácticas relacionadas con corruptelas dentro de la función pública tienen "un importante reflejo en la percepción social".

En comisión parlamentaria, ha apelado a "no dejar recaer toda la carga del sistema sobre la vertiente represiva" y, en este sentido, ha abogado por elaborar "estrategias de prevención adecuadas" para el "control" de todos los procedimientos.

Así, ha defendido que las administraciones públicas establezcan planes de prevención de riesgos de gestión, "como se hace en otros países", a la manera de los planes de prevención de riesgos laborales que deben redactar las empresas para evitar la siniestralidad.

Su materialización permitiría, según el criterio del fiscal, establecer "mecanismos de control interno para evitar efectos perversos y desviados de la motivación inicial" que podrían "generar un resultado indeseable o irregular".

Dentro de este plan, se podría crear una entidad con funciones "específicas" de prevención y control de las prácticas relacionadas con la corrupción, a modo de Consello de Prevención da Corrupción. Dicho esto, ha aseverado que este organismo "no tiene por qué suponer mayores costes" para la administración, sino que podría tener asignados funcionarios, por ejemplo, del Consello de Contas.

Buena acogida de los grupos

Tras escuchar su idea, los tres grupos con representación en el arco parlamentario gallego han manifestado su acuerdo.

"Todos constatamos que es un problema", ha subrayado, en primer término, la diputada del BNG Tareixa Paz, para quien es "evidente" el "fracaso" de los actuales métodos en este ámbito, como la fiscalización por parte del Consello de Contas, por su "excesiva demora". "Aplaudimos su propuesta", ha manifestado.

También la socialista Beatriz Sestayo ha recalcado la "suma satisfacción" con que el PSdeG recibe esta iniciativa, toda vez que ha estimado "fundamental" sacar la corrupción del escenario político porque "pone en jaque a las instituciones". "LENTITUD"

Además, ha llamado la atención sobre la "lentitud" con la que se tramitan ciertos casos, que quedan en "una especie de limbo hasta pasados muchos años" y suelen terminar en "archivos o sobreseimientos", pese a todos los datos que han salido publicados "en medios de comunicación", tal y como ocurre al vicesecretario general del PSOE, José Blanco.

En el último turno, la representante del PP en el debate, Paula Prado, ha recriminado al fiscal que esta propuesta no estuviese incluida dentro de la memoria entregada a los grupos, si bien la ha considerado importante ante la existencia de casos de corrupción en Galicia en los que "cada día aparecen más imputados", como la Operación Carioca.

A renglón seguido, ha reflexionado sobre los cambios en el tipo de corrupción, antes asociado a "prácticas urbanísticas". "Ahora cambió, lo vemos en políticos del ámbito estatal: se produce fuera de los despachos", ha señalado, para referirse al "cobro de comisiones a cambio de influencias en reuniones con empresarios".

"Son cosas a erradicar, pero, a veces, quedan en un limbo en el que no llegan a concretarse con una sanción ejemplarizante que contribuya a desechar las malas prácticas", ha sentenciado la popular.

"desafío central" de la justicia

Finalmente, Carlos Varela ha justificado la lentitud judicial en ciertos procesos en la inexistencia, muchas veces, de estructuras específicas para cada ámbito. Por ejemplo, en lo relativo a la corrupción, sería necesario trabajar con inspectores de Hacienda, policías especializados, una estructura pericial propia y también un fiscal asignado a ese tipo de casos.

Para lograr una mayor agilidad también se deberían, bajo su punto de vista, modificar las estrategias procesales a fin de "cerrar más rápido" los casos. "Y los flecos sueltos, se dejan para piezas separadas, porque sino, no se cierran nunca", ha defendido.

En cuanto a las críticas por no incluir la propuesta en la memoria, acompañada de datos, ha asegurado que "no se trata de una ocurrencia personal", sino que "ya existe en otros países". Y ha preferido, según ha dicho, presentar la iniciativa en sede parlamentaria para su debate y "no esperar al año próximo" hasta la recopilación de cifras.

En su primera intervención, el fiscal superior de Galicia ya había hecho hincapié en la importancia de "centrar los medios y recursos" en "el combate de la criminalidad grave y de las prácticas relacionadas con la corrupción".

Se trata de "evitar el reproche de ser muy rápidos para condenar a un ladrón de calderilla y demasiado lentos para juzgar a los defraudadores del erario público, generalmente respaldados por profesionales especializados en evitar o hacer durar los procesos hasta el paraíso de la prescripción". "Éste es el desafío central de la Justicia", ha concluido Carlos Varela.

La pequeña criminalidad,

Va "rápido"

Ha detallado que "la evidencia de que el sistema penal es rápido en el enjuiciamiento de la pequeña y media criminalidad" pero "tiene dificultades para juzgar, en el tiempo adecuado, la llamada criminalidad compleja".

No sólo en lo relativo al fraude y la corrupción, sino también en "el sistema económico, el ambiental, el urbanístico y el societario", entre otros. Y, como ejemplo, ha citado el caso del Prestige, que llegará a juicio tras "nueve años de instrucción".

Estas apreciaciones se basan en los datos recogidos en la Memoria de la Fiscalía Superior de Galicia correspondiente a 2010, donde queda patente que sólo quedó pendiente un 17,32 por ciento de los casos.

En cuanto al número de procedimientos penales tramitados, fueron 307.287, lo que significa una caída del 7,4 por ciento sobre 2009; y se registró un descenso del 4,46 por ciento en el total de delitos asociados a los procedimientos incoados —un total de 237.800—.

En lo que atañe al resultado de los procedimientos tramitados en 2010, un 44 por ciento fueron sobreseídos o archivados; un 26,2 por ciento terminaron por acumulación o inhibición; un 7,25 por ciento se transformaron en otro procedimiento y un 4,42 por cierto terminaron sin sentencia.

Datos de fiscalía

En relación con este número de procedimientos penales, la Fiscalía formuló 13.762 escritos de acusación —un 3,07% más que en 2009— y el número de delitos asociados fue de 16.251, lo que significa un aumento del 11,16 por ciento.

Los delitos más numerosos fueron los contrarios a la seguridad colectiva, con un 42,87 por ciento (en esta tipología, más del 96% son contra la seguridad vial); seguidos de los delitos de lesiones (17,76%); y los patrimoniales (16,13%).