El Tribunal Constitucional ha restablecido el derecho de la UPV/EHU para dar clases a los presos y ha declarado nula la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el protocolo por el cual se matriculaba a reclusos del Estado y en el extranjero en esta institución académica, según ha informado el rector de la Universidad del País Vasco, Iñaki Goirizelaia.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, junto al ex-rector Juan Ignacio Pérez, y la secretaria general de la UPV, Eva Ferreira, Goirizelaia ha mostrado su "satisfacción" por la sentencia y ha considerado que "lo lógico" sería que ahora se facilitase la firma de un convenio entre la UPV/EHU e Instituciones Penitenciarias para que los presos se matriculen.

Los antecedentes del caso se remontan a 2003, cuando se produjo la reforma de la Ley General Penitenciaria, en virtud de la cual, para que los internos pudieran acceder al servicio público de la educación universitaria, sería necesario que la Administración Penitenciaria suscribiera los oportunos convenios con universidades públicas.

En atención a la movilidad de la población reclusa y a la naturaleza no presencial de los estudios, los convenios se suscribirían preferentemente con la Universidad de Educación a Distancia, si bien la Administración Penitenciaria también podría celebrar convenios con otras universidades.

Esta regulación y la negativa del Estado a establecer el convenio correspondiente con la UPV, eliminó la posibilidad de que los internos en cárceles españolas pudieran cursar estudios en ella.

En octubre de 2004, el Consejo de Gobierno de la UPV aprobó, por unanimidad, un Protocolo de Atención de Personas Internas en Centros Penitenciarios, con el objetivo de que sirviera de base a un futuro convenio con Instituciones Penitenciarias y también para regular la prestación del servicio docente a personas que se encontraran en otros países. El citado protocolo se incorporó a la Normativa de Gestión Académica y Docente correspondiente al curso 2005-2006.

La Abogacía del Estado recurrió la citada normativa, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló a favor de la UPV. No obstante, la sentencia fue recurrida y el Supremo dio la razón al Estado en abril de 2009, por lo que 57 matriculaciones de reclusos quedaron suspendidas. Ante esta decisión, la institución académica recurrió en amparo ante el Constitucional y éste le dio la razón el pasado 19 de diciembre.

SENTENCIA

En concreto, el TC ha anulado la resolución del Supremo porque "contraviene el derecho a la autonomía universitaria" y señala que la interpretación que hace el TS de la Ley General Penitenciaria rechazando que la Universidad pueda regular las condiciones en las que ha de impartir la docencia a distancia a presos hasta no se haya concertado con la Administración Penitenciaria, supone "una restricción del ejercicio de la autonomía universitaria constitucionalmente garantizada, que lo lesiona".

Por su parte, el rector ha recordado este martes que la anulación del protocolo de la Universidad supuso también aplicar la limitación docente a personas internas en centros de otros países. No obstante, la resolución del Constitucional permitirá a éstos volver a matricularse tras los acuerdos a los que llegue la UPV con cada país.

Desde ese punto de vista, Goirizelaia ha señalado que, con la sentencia, sus "esfuerzos han sido recompensados desde una perspectiva jurídica y moral". "Porque no habríamos hecho bien nuestro trabajo si no hubiéramos llevado la defensa de la autonomía universitaria hasta sus últimas consecuencias. Eso es lo único que hemos hecho y eso es, no tengan ninguna duda, lo que volveríamos a hacer", ha afirmado.

Además, ha señalado que la institución académica a la que representa tuvo que defender la autonomía universitaria "en circunstancias muy difíciles y en medio de una extendida incomprensión".

Sin querer entrar en consideraciones políticas, el rector ha precisado que obraron entonces y han obrado ahora desde criterios "única y exclusivamente académicos". En ese sentido, ha querido dejar claro que la defensa de la autonomía de la UPV y "la libertad" que comporta ésta para desarrollar la enseñanza, el estudio y la investigación, "fue entonces, es ahora y será en el futuro radical y consecuente".

"A mi me toca reivindicar el derecho de la UPV a su autonomía universitaria, el que hemos hecho bien las cosas, el que cualquier persona que quiera estudiar en nuestra universidad y que cumpla los requisitos académicos, nosotros tenemos que poder ofrecerle esa opción", ha concluido.