La comunidad autónoma de Extremadura ahorraría 0,3 millones de euros si alquilase los vehículos que componen sus flotas en lugar de recurrir a la compra directa, según un estudio de Arval, compañía especializada en renting del grupo BNP Paribas.

Según ha indicado esta empresa en un comunicado, con esta posible vía las administraciones autonómicas se podrían ahorrar un total de 70 millones de euros.

El coste medio de adquisición de un vehículo por renting con las características básicas que requieren los servicios de las administraciones, tales como la policía, no supera los 18.000 euros, frente a los más de 22.500 euros en que éstos oscilan bajo el modelo de compra directa, lo que se traduce en un ahorro de 4.500 euros por vehículo.

Actualmente, sólo la tercera parte de las cerca de 100.000 unidades que conforman el parque de las administraciones públicas se encuentra bajo el modelo de alquiler a largo plazo con servicios de mantenimiento y reparación incluidos.

Concretamente, alrededor de 2.000 entidades públicas concentran el 5% de los coches de renting que se mueven en España, siendo los ayuntamientos -con una cifra cercana a los 1.500- los principales usuarios de este tipo de vehículos.

Por autonomías, la Comunidad de Madrid, con una reducción del gasto en vehículos oficiales de 26,5 millones de euros; Cataluña, con un recorte superior a los 18 millones, seguidas de Andalucía y Comunidad Valenciana, con 5,5 millones, son las regiones que más ahorrarían con esta medida.

El Gobierno vasco también lograría un recorte significativo, reduciendo su presupuesto en movilidad en 3,8 millones de euros; seguido de la Xunta, de Galicia que ahorraría 2,2 millones si gestionase su parque oficial a través del renting.

Más del millón de euros conseguirían sanear sus partidas presupuestarias los gobiernos regionales de Aragón (1,5 millones), Castilla y León (1,3 millones) y Castilla-La Mancha (1,1 millones), si optasen por el alquiler a largo plazo.

Por debajo del millón de euros se situarían también los ahorros que obtendrían Canarias (0,8 millones); Asturias y Navarra (0,5 millones), Baleares (0,4 millones); Cantabria y Extremadura (0,3 millones), y, por último, La Rioja, con 140.500 euros.