El PSM-IV-ExM ha propuesto, entre sus alegaciones al anteproyecto de la Ley General Turística, implantar una tasa turística por estancias con el objetivo de destinar el dinero recaudado a proyectos medioambientales, y regular el todo incluido a fin de exigir unos parámetros superiores a los necesarios en diferentes aspectos y establecer unos criterios de obligado cumplimiento dirigidos a garantizar la calidad de la oferta.

En rueda de prensa, el portavoz de la coalición, Biel Barceló, ha criticado la tramitación de esta normativa así como su contenido, un proyecto que ha calificado de "antidemocrático" además de ir "contra la libertad del mercado, de las directivas europeas y de la sostenibilidad", al tiempo que ha considerado que se trata de una Ley "a la carta en beneficio de los intereses privados".

En su opinión, este anteproyecto plantea "numerosas inseguridades jurídicas, oficializa subvenciones en materia turística, quita competencias a los ayuntamientos y pone las bases para convertir la economía turística en una economía inmobiliaria y especuladora". "La Ley no hace nada para abrir las puertas a la transformación que necesita el sector ni para alargar la temporada turística, además de no contemplar políticas públicas en favor del producto turístico", ha aseverado.

Entre sus propuestas, Barceló ha apuntado que los establecimientos hoteleros que quieran comercializar la modalidad del todo incluido deberían obtener licencia previa de la Conselleria de Turismo y la normativa debería contemplar la exigencia de parámetros como mayor zona verde ajardinada, instalaciones deportivas o recreativas, la existencia de piscina y un mayor número de plazas por habitación.

Asimismo, aboga por establecer criterios como un horario de comedor no inferior a 16 horas, prohibición de utilizar vajilla y cubertería de plástico en los bares y comedores del hotel, prohibir el autoservicio de las bebidas y que haya un mínimo de productos locales en el comedor.

Mientras tanto, el portavoz del PSM-IV-ExM apuesta por impulsar un gran pacto social y económico con los agentes afectados como los sindicatos, patronales y asociaciones hoteleras con el objetivo de trabajar por la desestacionalización, un aspecto en el que, a su juicio, no incide el anteproyecto de Ley.

En su intervención ante los medios, Barceló ha lamentado que la normativa únicamente quiere dar respuesta a dos grandes retos, como son la falta de competitividad en el sector turístico y la creciente obsolescencia de las zonas turísticas, sobre todo aquellas que se construyeron en los años 60.

Entre otras críticas, el dirigente nacionalista ha recriminado que el proyecto da "poca importancia al producto", se sitúa por encima del planeamiento municipal y los planes territoriales insulares "artículo tras artículo". liberaliza las construcciones turísticas en zonas protegidas al tiempo que aumenta la regulación en zonas turísticas consolidadas, y reconoce las competencias a los Consells pero "no les transfiere nada".