El texto contiene "graves imputaciones al Gobierno de la Nación que pudieran ser constitutivas de faltas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

"Persecución"

Justicia cita en el texto remitido al Consejo supuestas expresiones de la jueza quejándose de haber sufrido "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno".

Así, atribuye a la Dirección General de Registros hacer -en relación a los matrimonios homosexuales- "una interpretación ilegal sólo movida por intereses políticos y propagandísticos" o calificando al fiscal de convertirse "vergonzosamente en un apéndice del Gobierno".

Tras indicar que las afirmaciones de la juez son "una falta de respeto a la verdad", Justicia destaca que esas acusaciones se han hecho "invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición" como prevé expresamente la Ley Orgánica del Poder Judicial al tipificar las faltas graves.

Respecto al Fiscal

En cuanto a las manifestaciones respecto al fiscal, Justicia considera que, con ellas, se pone "en duda la profesionalidad del Ministerio Fiscal y se realizan claramente en su descrédito".

El escrito concluye que las imputaciones de Alabau, que el Ministerio rechaza como falsas y carentes de fundamento, constituyen una conducta "radicalmente alejada de las funciones encomendadas a los órganos jurisdiccionales e incompatible con la imparcialidad y prudencia exigibles de ellos".