Los usuarios de servios sociales prestados por la Administración autonómica pagarán en función de su capacidad económica y nunca más del 90 por ciento del precio total del servicio, según se desprende del nuevo decreto que fija los precios públicos de los servicios sociales pretados por la Junta.

El texto, que ha sido consensuado con el Cermi y el Consejo Regional de Personas Mayores y que será presentado este viernes por la consejera del ramo, Milagros Marcos, quien a continuación lo dará a conocer en las Cortesm, establece los precios públicos de los servicios de atención a personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.

En concreto, según explicó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, se refiere a las prestaciones de atención residencial —residencias y viviendas—, centros de día —estancias diurnas y centros ocupacionales— y servicio de estancia nocturna.

De este modo, la nueva normativa fija un precio público por día y no por mes, como sucedía hasta ahora, para cada uno de los servicios en función del sector de la población (personas con discapacidad o mayores); del subsector (discapacidad intelectual, discapacidad física, autismo o enfermedad mental); del tipo de centro (residencia, vivienda o centro de día), del tipo de plaza y la modalidad del usuario (grado de asistido o de afectación de la discapacidad y grado de dependencia) y de la cobertura del servicio (días de la semana y del año).

Tras recalcar que el decreto establece un único sistema de precios, unifica los criterios para el cálculo de la aportación de los servicios de la Ley de Dependencia y del resto de Servicios Sociales y homologa la aportación de los usuarios, el portavoz ha aclarado que los usuarios pagarán dependiendo de su situación económica, por lo que se beneficiarán los usuarios con rentas inferiores.

"Pagará más el que más tenga", ha destacado De Santiago-Juárez, quien ha explicado que la capacidad económica se calculará mediante la aplicación de los mismos criterios para todos: teniendo en cuenta la renta y una parte del patrimonio así como la capacidad personal de quien lo recibe y no la renta familiar como se hacía hasta ahora.

Asimismo, se pagará un máximo del 90 por ciento de la prestación, de modo que nadie tendrá que sufragar la totalidad, y se garantiza al usuario una cantidad para gastos personales superior a la actual.

El portavoz señaló que el objetivo radica en que los contribuyentes no vean incrementadas sus aportaciones pero sí "mejor reguladas" y, tras reconocer que se prevé una "mayor recaudación", subrayó que la normativa introduce mejoras que benefician a los usuarios "y confiere mayor control, eficacia y agilidad a la Administración".

La finalidad de este decreto es ajustarse a los criterios establecidos por acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre la determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de este en las prestaciones del sistema de la Dependencia.