El alcalde de Carboneras (Almería), el independiente Salvador Hernández (Gicar), ha abogado este jueves por "acercar posturas" entre las partes implicadas en el conflicto generado por la construcción del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico y las ha convocado a una reunión multilateral con el objetivo "principal" de que "todas ellas se conozcan y se escuchen".

Hernández, quien accedió a la Alcaldía tras las elecciones municipales de mayo, ha trasladado en un comunicado que espera que la "respuesta sea positiva" y que las partes acudan a un encuentro que se desarrollaría en la primera quincena del mes de enero. Los convocados por escrito son las organizaciones conservacionistas, la junta rectora del parque natural Cabo de Gata-Níjar, asociaciones y la promotora del establecimiento.

"El objetivo objetivo principal es que todas ellas se conozcan y se escuchen, además de intercambiar sus visiones y opiniones de un problema que lleva camino de enquistarse durante años, mientras transcurre la acción de la justicia, lo cual sería lo más perjudicial para todos los implicados", ha subrayado el primer edil.

Sobre el balance que pueda arrojar el encuentro se ha mostrado cauto y ha señalado que, si bien "puede o no dar resultados", responde a la "obligación" del Ayuntamiento de intentar acercar posturas para tratar de evitar que la situación actual, con un "hotel fantasma instalado en la costa", se prolongue durante años "antes de obtener una sentencia firme y definitiva".

Hernández ha asegurado que el conflicto ha llegado a "un punto que estoy seguro no satisface a nadie" y ha instado a "al menos intentar llegar a puntos de encuentro o tratar de analizar el problema de una manera conjunta y lo antes posible". "El tiempo que ha transcurrido desde que comenzó el litigio, más los años que a buen seguro quedan por delante hasta que haya una sentencia definitiva, suponen una pérdida económica, ecológica y social que ninguno debemos permitir", ha advertido.

La última resolución de los tribunales al respecto se produjo a principios de noviembre. Un juez de lo Contencioso-administrativo rechazó ordenar la ejecución provisional de la sentencia que declara nula de pleno derecho la licencia municipal de obras del hotel al considerar que la demolición de lo construido "llevaría consigo perjuicios ciertamente irreparables e irreversibles" para la promotora del establecimiento.

El auto denegaba la solicitud que en septiembre fue presentada por los colectivos conservacionistas Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción que, con su demanda, perseguían que el Ayuntamiento de Carboneras dictaminase a su vez la nulidad del acto administrativo en el que se aprobó la licencia de obras para, de este modo, eliminar cualquier "obstáculo legal" para acometer el derribo del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

Una semana después, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la exministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, suscribían un protocolo de colaboración para proceder a la demolición y a la posterior recuperación de la playa del paraje "una vez se produzca un pronunciamiento judicial favorable y firme". El protocolo fue publicado en BOE el pasado día 6.