Los votos del PPdeG han servido este miércoles para aprobar la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2012, rechazada por el PSdeG y el BNG, que han acusado a la Xunta de "suprimir derechos" con este texto y de hacer "un ataque directo a la sanidad" gallega.

Durante su intervención en el debate, la portavoz del PSdeG en materia de Facenda, María José Caride, ha criticado el recurso, un año más, a esta fórmula para introducir modificaciones legales que "son un ataque a los derechos de los ciudadanos y ponen en riesgo la sanidad". Supone, ha continuado "la quiebra de un principio fundamental, el de la universalidad de la sanidad".

En el mismo sentido, el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, ha criticado que no se limiten las rebajas fiscales para la adquisición de vivienda en función de los ingresos para concluir que para el PP "todos son iguales, salvo cuando de acceder a la sanidad se trata".

Un grupo de representantes de la plataforma SOS Sanidade Pública asistieron a la sesión y, tras la votación, mostraron pancartas en las que denunciaban la "privatización" de la sanidad, por lo que fueron expulsados del hemiciclo.

El representante del PPdeG en el debate, Alberto Sueiro, ha argumentado que el objetivo de la ley de acompañamiento es "mejorar la gestión de la administración gallega" y ha justificado establecer la exigencia de 183 días de empadronamiento en Galicia para acceder a los servicios sanitarios completos por la necesidad de evitar "el turismo sanitario".

Además, Sueiro ha asegurado que este requisito "se refiere a los extranjeros que vienen por primera vez a Galicia". También ha defendido la decisión de cobrar 10 euros por la tarjeta sanitaria en caso de pérdida o deterioro.

El uso "no cuidadoso" de este elemento, ha dicho, provoca "la remisión de 100.000 tarjetas" cada año en la comunidad, con un "coste importante". Por ello, ha dicho que es "necesario reconducir" ese mal uso, con el fin de "dar más eficacia al conjunto".

Farmacias y territorio

Sobre la tarjeta, Caride ha preguntado a los populares si creen que ese "cachito de plástico" vale 10 euros y ha citado el informe del Consello Económico e Social (CES), que "dice que debe de haber un error" y recomienda retirar la tasa.

También se ha referido a otro artículo, mediante el que el Gobierno gallego da a las farmacias rurales la posibilidad de reducir las guardias nocturnas y se ha preguntado si es "una contraprestación" para que no cobren intereses de demora por el pago en seis meses de la factura de noviembre.

"Lo único que les interesa es hacer viables ciertas oficinas", ha acusado el portavoz del grupo nacionalista, quien ha considerado que la Xunta hace "una rendición de los poderes públicos ante los intereses empresariales".

Los representantes de la oposición han criticado también las modificaciones en la normativa de territorio. "El conselleiro Agustín Hernández va a elegir quién tiene que pasar la evaluación ambiental", ha reprochado la diputada socialista, que ha acusado al Gobierno gallego de escoger "que algunos se aprovechen" de lo que "todos" pagan cuando tiene que decidir entre intereses públicos o privados.

Aymerich también ha considerado que el Gobierno gallego busca "beneficiar intereses privados" con los cambios en materia de territorio y ha citado, en concreto, los casos de Barreiros (Lugo), la planta de acuicultura que estaba proyectada para cabo Touriñán (A Coruña) o la planta de residuos que instalará Estela Eólica en O Irixo (Ourense). "La verdad es que es para esto", ha recriminado.