Cantallops dice que recibió "presiones indirectas" en la elaboración del PGOU

El arquitecto catalán Lluís Cantallops, ex redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ha declarado ante el juez que recibió "presiones indirectas" en la elaboración del documento a través de las indicaciones de los técnicos municipales, y ha reconocido que su despido se produjo porque no se entendía con el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del que ha dicho que "era más guerrero".
Lluís Cantallops A Su Salida De Los Juzgados
Lluís Cantallops A Su Salida De Los Juzgados
EUROPA PRESS

Cantallops ha prestado declaración en calidad de testigo durante una hora y 45 minutos ante el titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante en una pieza separada del caso 'Brugal'.

A su salida del juzgado, ha explicado a los periodistas que le esperaban que él ha expuesto "la historia del PGOU antes del 2005". Así, Cantallops ha reconocido en su testimonio que "en principio las presiones venían dadas indirectamente, no directamente".

"El proceso de redacción de un PGOU es muy complejo, estás en continua relación entre los técnicos que lo redactan y los técnicos del Ayuntamiento. Había indicaciones por parte de los técnicos del Ayuntamiento y contrapropuestas por nuestra parte", ha detallado.

El arquitecto catalán además ha asegurado que no recibió indicaciones para reunirse con promotores de Alicante, y ha negado que nadie le diera indicaciones para beneficiar al empresario Enrique Ortiz, imputado en la causa. "Yo al señor Ortiz yo no lo conocía, pero sé que era el propietario de una de las zonas que estaban en el PGOU", ha comentado.

En cuanto a su cese en 2005, ha recordado ante el juez que Díaz Alperi le cesó en el cargo porque "no se entendían". La actual alcaldesa, Sonia Castedo, por entonces concejal de Urbanismo, "era más discreta", mientras que Díaz Alperi era "más guerrero".

Plan rabasa

El ex redactor ha reconocido además que "algunos de los desencuentros se debían a la zona de Rabasa, que se tramitaba al margen del PGOU".

A este respecto, el abogado de la acusación popular que representa EU, José Luis Romero, presente en la declaración, ha indicado que Cantallops ha explicado que "nadie le pidió que introdujera las propuestas que planteaban los técnicos municipales, salvo una indicación concreta que se le dio a través de la Concejalía de Urbanismo, a través de la señora Castedo".

Esta indicación, según Romero, "proponía dejar fuera del PGOU la propuesta de Rabasa —donde Enrique Ortiz había previsto una amplia actuación urbanística— y una propuesta de un planeamiento para hacer casas cerca del linde municipal con Jijona".

En opinión del letrado de EU, "lo más importante" de este testimonio es que Cantallops presentó un PGOU "completo que murió por inanición", ya que "no hubo indicaciones políticas de que siguiera, hasta que dos años después se resolvió".

Así mismo, Romero ha remarcado que de las palabras del ex redactor se desprende que "el plan que él redactó y el que se redacta después por el Laboratorio de Proyectos no tienen nada que ver, son planes distintos", lo que revela, a su parecer, que "no se trataba de terminar el plan que había iniciado el equipo de Cantallops sino de hacer otra cosa distinta".

Toma de declaraciones

Tras la toma de declaración de Lluís Cantallops, este miércoles ha acudido a declarar también como testigo el arquitecto municipal Miguel Ángel Cano, que fue jefe de planificación del área de Urbanismo. El tercero de los citados este miércoles es el exconcejal de Seguridad de Alicante, Pablo Suárez, persona de confianza de Luis Díaz Alperi durante su mandato municipal.

Las siguientes citaciones a testigos se llevarán a cabo este jueves, fecha en la que están llamados a declarar empleados de las empresas de Enrique Ortiz, Javier Llorens, Luis Perea y Luis Miguel Sirvent.

El 10 de enero declarará otro empleado de Ortiz, Carlos Parodi; Otto Díaz, hijo del exalcalde; y la niñera de la alcaldesa Sonia Castedo, que consta en los informes policiales que presuntamente recibió un mini a través del empresario Ortiz.

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