La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha pedido este miércoles "el máximo respeto a las actuaciones judiciales y a la presunción de inocencia de las personas" ante las posibles irregularidades que se hayan podido cometer en la construcción del edificio Embarcadero del barrio de Aldea Moret en la capital cacereña.

"Soy muy respetuosa con la Justicia y hay que dejar actuar a los jueces", ha indicado la regidora a preguntas de los periodistas sobre este tema tras su nombramiento como socia de honor de la Asociación de Reyes Magos (Arema) de Cáceres.

Cabe recordar que la fiscal jefe de Cáceres, Marta Abellán, ha interpuesto una denuncia contra cuatro personas por presuntas irregularidades en la última fase de construcción del edificio Embarcadero, de manera que los acusados son el ex concejal socialista Víctor Santiago Tabares, así como dos funcionarios municipales y un empresario.

Según publica este miércoles el Diario HOY, las otras tres personas acusadas por la fiscal son el funcionario municipal Francisco Javier S. B.; el arquitecto Pedro Antonio C. C.; y el empresario cacereño José Luis A. B.

Según señala la fiscal jefe, Tabares cometió presuntamente un delito de prevaricación administrativa, coacciones y un tercero relativo a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función.

Las otras tres personas están acusadas de cometer, presuntamente, dos delitos que serían coacciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función. En este último delito, en el caso del funcionario como autor directo, y en el del arquitecto y el empresario, como autores necesarios, según recoge el citado periódico.

Cinco meses de investigación

El escrito de denuncia, junto a toda la documentación que la fiscal ha reunido tras cinco meses de investigaciones, será presentado en un juzgado de instrucción de la capital cacereña para que determine las posibles responsabilidades judiciales.

Cabe recordar que esta investigación surgió por la denuncia presentada por la empresa Prinsa en el mes de junio. Esta empresa concurrió al concurso de la última fase de la obra de rehabilitación del edificio Embarcadero que consistía en la adecuación de la bóveda del tejado mediante la colocación de unos paneles acústicos.

Al concurso de la obra, que salió con un presupuesto de licitación de 531.851 euros, se presentaron seis ofertas y se eligió a la de Prinsa-Casado al ser la oferta más ventajosa, ya que acometerían la obra por 480.800 euros más el IVA, por lo que la obra se le adjudicó en noviembre de 2008 por ese importe.

Al parecer y, según rezaba en la denuncia de Prinsa, el proyecto contemplaba la colocación de los paneles de una marca concreta por un importe de 339.560 euros más IVA que tenían que ser adquiridos al empresa cacereño José Luis A.B, cuando la empresa adjudicataria entendía que se podían conseguir por una cantidad muy inferior que supondría un ahorro de entre 150.000 y 200.000 euros.

De hecho Prinsa compró los citados paneles más baratos pero finalmente no se colocaron de manera que el edificio Embarcadero se inauguró el pasado mes de marzo sin estar concluida la obra de la cubierta con la que se pretendía mejorar el aislamiento y la acústica del inmueble.

Ante este hecho, la empresa solicitó que se anulara el contrato de la obra por "incumplimientos reiterados por parte del ayuntamiento y el abuso de poder al que está sometida".

El edificio Embarcadero finalmente se inauguró dos meses antes de las elecciones municipales del mes de mayo tras unos siete años de rehabilitación financiada con fondos europeos. Las distintas fases de la obra no han estado exentas de polémicas tanto por su presupuestos como por el uso y gestión del inmueble que en su día sirvió de almacén de las minas de Aldea Moret.